Las claves
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Los casos de inquiokupación, que consisten en que el inquilino deja de pagar la renta al propietario sin abandonar la vivienda, preocupan a los caseros. Eso sí, cuando es tu propia hija quien se atrinchera en tu inmueble, se te corta la respiración.
Este es el caso de Rita, una mujer con una discapacidad del 65% que hace tres años tuvo que despedirse de su vida en Vigo e irse a Ibiza con su hijo Gabriel porque su otra hija le había okupado la casa.
Ahora está destrozada y sucia de esquina a esquina, tanto el salón como las habitaciones y los baños. A pesar de todo, Rita sigue teniendo que pagar todas las facturas, que ascienden a más de 800 euros al mes, tal y como ha confirmado la mujer en el programa La Mirada Crítica.
"Egoísmo total"
En paralelo, su hija se ahorra el pago de la renta y los suministros básicos, dinero que en cambio utiliza para actividades de ocio, según cuenta su madre. "Mi hija se va de restaurantes", asegura.
Durante la conexión en directo, fue su hijo Gabriel quien llevó la voz cantante. Sostuvo ante Ana Terradillos que el comportamiento de su hermana fue de "egoísmo total" y enumeró todos los intentos que han realizado para recuperar la vivienda.
"He intentado hablar con mi hermana de buenas, pero no ha habido manera. También fuimos a la Policía Nacional y nos dijeron que no nos podían ayudar. La Policía Local vino al piso e hizo un informe, pero no hubo resultado", narra Gabriel.
Y añade que tampoco consiguieron soluciones ante los asistentes sociales o incluso con los médicos. "El asistente social nos dijo que contactaron con mi hermana pero creemos que nunca se produjo una visita. El médico, por su parte, dijo que si mi hermana no quería acudir al médico no había nada que hacer".
Prórroga de los desahucios a personas vulnerables
Gabriel, que ayuda a su madre todo lo posible en Ibiza afrontando todos los gastos, hace una crítica profunda al sistema. No entiende cómo es posible que estas situaciones ocurran y además asegura que "hay casos como el nuestro desde 2018 esperando".
Esta dura historia tiene lugar en el momento en que el Congreso ha tumbado el real decreto-ley que pretendía prorrogar en 2026 la suspensión de los desahucios para personas vulnerables, por lo que a partir de ahora, en casos de impagos, los inquilinos podrán ser expulsados del inmueble.
