Las claves
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El Gobierno confirma la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para empleados de la Administración General del Estado a partir de marzo.
La medida beneficiará a unos 250.000 empleados públicos, sin alteraciones salariales y afectando principalmente a ministerios, Seguridad Social y organismos públicos estatales.
Quedan excluidos del acuerdo Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituciones Penitenciarias y parte del personal sanitario y docente, lo que ha generado críticas sindicales.
Cada ministerio y organismo deberá reorganizar turnos y horarios para cumplir con la nueva jornada, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos.
La jornada laboral de 35 horas semanales volverá a ser una realidad en la Administración General del Estado (AGE) a partir de marzo, si se cumplen los plazos previstos.
El acuerdo, que reducirá en 2,5 horas la actual jornada de 37,5 horas sin alteraciones salariales, marca un nuevo hito en la organización del trabajo público y reabre el debate sobre la extensión de esta medida a todos los colectivos.
La decisión se ha abordado en la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación de la AGE, paso previo a su aprobación definitiva en la mesa general.
Gobierno y sindicatos manejan el calendario de principios de marzo para dar luz verde al texto final.
Después vendrán los trámites formales: modificación de la instrucción de jornadas y horarios, publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y emisión de las directrices necesarias para su aplicación práctica.
Millones de funcionarios beneficiados
El alcance de la medida es significativo. Se calcula que beneficiará a unos 250.000 empleados públicos, incluyendo al personal de ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Asimismo, también mejorará las condiciones de trabajadores de organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración estatal.
Para todos ellos, la reducción supondrá un ajuste semanal que podrá traducirse en menos minutos al día o en la supresión de una tarde de trabajo, según la organización interna de cada departamento.
Sin embargo, el borrador actual deja fuera a varios colectivos: Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias y parte del personal sanitario y docente dependiente de la AGE.
Estas exclusiones han generado fricciones con los sindicatos. CSIF reclama que la jornada de 35 horas se convierta en normativa básica y se aplique sin excepciones a todo el personal de la AGE, además de extenderla al sector público empresarial.
CCOO considera que las exclusiones constituyen un "verdadero escollo" para respaldar la propuesta gubernamental.
UGT, por su parte, insiste en incorporar a Instituciones Penitenciarias, aunque reconoce que requerirá una instrucción específica adaptada a sus horarios singulares.
La negociación, por tanto, no está cerrada. La comisión técnica volverá a reunirse con el objetivo de integrar a estos colectivos antes de que la mesa general apruebe la versión definitiva.
El equilibrio no es sencillo: reducir la jornada implica reorganizar turnos, garantizar la cobertura de servicios esenciales y mantener la atención a la ciudadanía sin interrupciones.
Una vez aprobada la medida, la Secretaría de Estado de Función Pública emitirá una resolución con instrucciones detalladas sobre adaptación de turnos, distribución de horarios y fórmulas para asegurar la continuidad del servicio.
Cada ministerio y organismo deberá ajustar su estructura interna para cumplir las 35 horas sin afectar la operatividad diaria.
Más allá del debate sindical y técnico, el cambio introduce una transformación tangible en la vida cotidiana del funcionario. La reducción horaria, aunque aparentemente modesta, redefine tiempos, equilibrios y rutinas.
En un contexto en el que la conciliación y la eficiencia administrativa ocupan un lugar central en la agenda pública, marzo se perfila como el punto de partida de una nueva etapa en la organización del trabajo en la AGE.