Las claves
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El Gobierno propone una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años, sin límite de renta para las familias.
La medida busca fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños en España.
Sumar impulsa que la prestación sea de 200 euros mensuales, lo que supone 2.400 euros al año por hijo.
La financiación de la ayuda podría incluir un impuesto específico a grandes fortunas, y su aprobación depende de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La natalidad en España se encuentra en mínimos históricos. En 2024 nacieron 318.005 niños, un 0,8% menos en comparación al año anterior. De hecho, el número medio de hijos por mujer se sitúa en 1,10, muy lejos de los 2,1 necesarios para mantener estable la población.
Cada vez resulta más difícil, caro e incierto tener hijos y por ello las nuevas generaciones se lo replantean o, si tienen, únicamente tienen uno. Ya sea la inestabilidad económica, los bajos salarios o la crisis inmobiliaria, la maternidad y paternidad pierden cada vez más fuerza.
Por ello, para fomentar la natalidad y ayudar a reducir la pobreza infantil, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha propuesto una prestación universal de 200 euros al mes por hijo.
La ayuda de 200 euros por hijo
El Gobierno estudia poner en marcha una nueva prestación universal de 200 euros al mes por hijo que, de salir adelante, podría convertirse en uno de los cambios más importantes de la política social reciente en España.
La idea es sencilla, pero ambiciosa: que todas las familias con hijos menores de 18 años reciban una ayuda mensual, sin importar su nivel de renta, para aliviar el coste de la crianza y reducir la pobreza infantil.
La propuesta se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada por el Consejo de Ministros, un plan más amplio que busca afrontar problemas como el acceso a la vivienda, la brecha de género o la exclusión social.
Dentro de ese paquete, la prestación por crianza ocupa un lugar protagonista, porque pretende atacar de frente una realidad incómoda: casi uno de cada tres niños en España vive en una situación de pobreza o en riesgo de exclusión, según datos de UNICEF y la estadística oficial.
Eso significa más de dos millones y medio de menores, y alrededor de 450.000 que ni siquiera pueden garantizarse una alimentación adecuada, con carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
Sumar, socio del Gobierno y principal impulsor político de esta medida, defiende que la ayuda debe fijarse en 200 euros mensuales por hijo, lo que supondría 2.400 euros al año por cada menor.
Y, además, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la propuesta contaría con dos rasgos clave: que sea universal y que no tenga requisitos de renta.
Es decir, que llegue al 100% de las familias con hijos, sin filtros ni exclusiones, como ocurre en otros países europeos donde las prestaciones por hijo forman parte del paisaje cotidiano del Estado del bienestar.
Para financiarla, la formación ha llegado a plantear que una parte del coste se cubra con un impuesto específico a las grandes fortunas, dirigido a los llamados 'ultraricos'.
El Gobierno, por ahora, ha dado el paso político de incluir esta prestación en una estrategia estatal por primera vez, pero no ha confirmado la cuantía.
Los 200 euros son, de momento, la cifra que Sumar pone sobre la mesa y que marca el debate.
Lo que sí está claro es que la ayuda no llegará de inmediato: su puesta en marcha dependerá de la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, y sin estas cuentas no hay fecha ni compromiso cerrado.
Aun así, los cálculos disponibles apuntan al impacto que podría tener una medida de este tipo.
Estudios recientes señalan que una prestación de 100 euros al mes por hijo ya reduciría de forma notable la tasa de pobreza infantil y sacaría de la vulnerabilidad a más de 270.000 menores.
Si la cantidad se eleva a los 200 euros que reclama Sumar, el efecto se dispararía: más de medio millón de niños y niñas podrían dejar atrás la pobreza.
El objetivo declarado es doble: reducir en al menos un 10% el riesgo de pobreza y exclusión entre menores, y al mismo tiempo, apoyar a las familias e incentivar la natalidad.
En un país con una de las tasas más bajas de Europa, tener hijos sigue siendo una decisión tan deseada como difícil de sostener económicamente.