Las claves
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El Gobierno ha aprobado una nueva ley que excluye a los pequeños propietarios con hasta dos viviendas de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta 2026.
El cambio permite que los caseros con pocos inmuebles puedan recuperar su vivienda si los inquilinos dejan de pagar, mientras los servicios sociales deben buscar alternativas para los inquilinos vulnerables.
La medida busca mayor seguridad jurídica para los pequeños propietarios y podría incentivar que vuelvan a poner sus viviendas en alquiler.
El decreto debe ser convalidado en el Congreso, donde enfrenta el rechazo de partidos como Unidas Podemos, Junts y el Partido Popular.
El Gobierno tenía en sus planes prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables. Por eso, aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 un decreto que impedía expulsar del inmueble a las personas desprotegidas sin alternativa habitacional.
Sin embargo, el Congreso de los Diputados tumbó el 27 de enero el decreto ómnibus que incluía la moratoria de los desahucios. Entonces, el Gobierno ha tenido que presentar por separado un nuevo real decreto ley para aprobar esta medida, que también incluye el bono social, las ayudas por la dana y los incendios de verano.
Eso sí, la nueva norma ha sufrido modificaciones. El Gobierno y el PNV han acordado que los propietarios con hasta un máximo de 2 viviendas en su poder o en situación de vulnerabilidad no se vean afectadas por este nuevo decreto.
Proteger a los caseros
Es decir, en su caso, si los inquilinos dejan de pagar el alquiler sí se les va a poder dar por finiquitado el contrato de arrendamiento y corresponderá a los servicios sociales competentes -aún sin concretar cuáles- encontrar una alternativa habitacional para estos residentes en situación de vulnerabilidad.
En la práctica, esta modificación podría suponer que los pequeños propietarios que sufren casos de inquiokupación tengan un amparo legal para que los usurpadores no se atrincheren indefinidamente en el hogar. En paralelo, en los casos de personas en una situación realmente crítica, la posibilidad de que sean recolocados en otro lugar.
La promulgación de la ley también podría generar una reactivación del mercado inmobiliario motivada por un aumento de la seguridad jurídica que derive en que los propietarios vuelvan a poner en el mercado sus inmuebles.
La ley ya ha entrado en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados. La negociación se antoja complicada porque Unidas Podemos, que cuenta con 4 diputados en la Cámara Baja, ya ha manifestado su absoluto rechazo a la medida.
Se prevé que el Congreso tumbe el nuevo real decreto
Lo mismo ocurre con Junts y el Partido Popular. De hecho, el portavoz del PP, Miguel Ángel Tellado, ya ha anunciado que votará a favor de la revalorización de las pensiones y en contra del 'escudo social'.
La prórroga de la prohibición de desahuciar a personas sin capacidades económicas se promulgó por primera vez en 2020, en el contexto de la pandemia, para blindar a las personas sin recursos ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a 'fondos buitre' o grandes tenedores.
Un legislación que, además de proteger a las personas sin recursos, ha contribuido al fenómeno de la inquiokupación. Se han conocido casos en los últimos tiempos de inquilinos que han dejado de pagar la renta y han alegado que estaban en situación de vulnerabilidad, atando de pies y manos a los propietarios.