Las claves
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Pedro Sánchez anuncia la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en España, buscando protegerles de riesgos digitales.
La medida incluye sanciones para plataformas, verificación de edad y responsabilidad legal para directivos, además de rastreo de odio y polarización online.
Australia ya aplica una ley similar, que ha provocado críticas entre adolescentes que se sienten aislados y buscan alternativas para seguir conectados.
Expertos advierten que la exposición temprana a redes sociales puede afectar el desarrollo emocional y aumentar la vulnerabilidad al ciberacoso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. "Vamos a protegerles contra este salvaje oeste", aseguraba desde Dubái.
No se trata del primer país que ha decidido tomar medidas para 'proteger' a los menores. Australia empezó a aplicar una prohibición nacional para este segmento poblacional en las principales redes sociales el pasado año.
De hecho, un adolescente llamado Noah Jones fue especialmente crítico con esta medida, señalando que les "aislaba" del resto del mundo.
Prohibido: redes sociales
Se estima que cerca del 95% de los menores de 10 a 15 años en España usa Internet, y más del 70% tiene móvil propio. Entre sus principales usos está el consumo de redes sociales como WhatsApp, TikTok o Instagram de forma habitual.
Esto plantea un riesgo creciente que preocupa a familias, educadores y expertos. A edades tempranas, la exposición constante a contenidos no filtrados puede afectar al desarrollo emocional y a la autoestima, así como generar dependencia digital.
Además, el uso intensivo de estas plataformas aumenta la vulnerabilidad ante el ciberacoso, el contacto con desconocidos y la difusión de información personal sin plena conciencia de sus consecuencias.
Por ello, Sánchez no dudó en anunciar que tomaría medidas en el asunto con el objetivo de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
"Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes", aseguraba el presidente del Gobierno desde Dubái.
Asimismo, también ha anunciado cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro.
Este paquete incluye hacer legalmente responsables a sus directivos, penalizar la manipulación de algoritmos y la difusión de contenido ilegal, y prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante sistemas de verificación de edad.
También ha propuesto crear un mecanismo de rastreo de huella de odio y polarización en el entorno digital y colaborar con la Fiscalía para investigar posibles infracciones de plataformas como Grok, Tiktok e Instagram.
Sin embargo, pese al impacto que pueda sonar prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, lo cierto es que otros países ya han tomado medidas.
Más allá de más regulaciones o consentimiento paterno implantados en países como Francia, Noruega o Dinamarca, hay un país que ya las ha prohibido: Australia.
El país oceánico tiene una ley nacional que prohíbe que los menores de 16 años tengan cuentas en las grandes redes, mientras que impone a las plataformas borrar las cuentas de menores, así como bloquear nuevas, con multas millonarias si incumplen.
Australia tiene unos 2,5 millones de menores de 8 a 15 años, con una estimación de que la mayoría usaba al menos una red. De hecho, en el primer mes de aplicación de la ley, las plataformas bloquearon, borraron o restringieron unos 4,7 millones de cuentas.
En aquel entonces, adolescentes como Noah Jones cargaron contra la medida. "Estoy en contra de esta prohibición de las redes sociales porque, como jóvenes australianos, estamos completamente silenciados y aislados de nuestro país y del resto del mundo", aseguró el joven en N+.
De cualquier forma, muchos jóvenes australianos siguen usando redes sociales, solo que de forma limitada o escondida a través de VPNs o aplicaciones alternativas que no estaban incluidas en la ley.