Las claves
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La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades declarar las terrazas como espacios libres de humo si consideran fumar una actividad molesta, insalubre o nociva.
El presidente de la comunidad puede exigir el cese inmediato de actividades prohibidas, como fumar en la terraza, a solicitud propia o de cualquier vecino.
Si el infractor persiste, la Junta de propietarios puede autorizar acciones judiciales para cesar la actividad, pudiendo el juez ordenar el fin inmediato y sanciones adicionales.
La sentencia puede incluir la prohibición definitiva de fumar en la terraza, indemnizaciones y la privación del derecho a usar la vivienda por hasta tres años.
Que una vivienda tenga terraza da un cierto estatus a la vivienda. Y hay muchas personas que creen que, en ella, se puede hacer lo que se quiera. Craso error. Porque lo que esa persona puede no saber es que su uso dependerá de la comunidad de vecinos en determinados casos.
Por ejemplo, si hablamos de fumar. ¿Se puede hacer en las mismas? Para responder a la pregunta hay que acudir al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
“Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”, dice el artículo.
Acudir a la justicia
Es la última parte del artículo 7.2 la que condiciona el uso de la terraza si de fumar hablamos. Y es que dentro de esas actividades molestas, insalubres o nocivas se puede incluir el hecho de fumar.
Por eso, la comunidad de vecinos puede declarar las terrazas de los vecinos como espacios libres de humo, o como zonas sin humo.
Dicho artículo continúa de la siguiente manera: “El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes”.
Es decir, que será el presidente el que tiene la ‘batuta’ para que determinadas acciones no se desarrollen en las terrazas. Y puede hacerlo a iniciativa propia o de cualquier otro vecino. Incluso puede anunciar que, de no poner punto final a esas acciones, puede acudir a la justicia.
“Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario”, prosigue el texto legal.
Presentada la demanda, el juez podrá “acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia”.
También podrá adoptar “cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local”.
Por último, la norma indica que “si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años”.