La familia de Sandra Peña se abraza en el portal de su casa delante del altar improvisado por su muerte.
Vigilancia y asistencia médica: así son los protocolos de la Junta que pudieron salvar a Sandra y que el centro no activó
La Consejería de Educación ha puesto el caso en manos de la Fiscalía después de averiguar que el colegio no siguió las medidas oportunas.
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Aumenta la vigilancia por parte del equipo docente en lugares como el patio del colegio; la creación de un equipo especializado para disminuir el riesgo de suicidio, la asistencia médica y la comunicación con las familias.
Estas son las principales medidas que recogen los protocolos antiacoso y antisuicidio que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía contempla para intentar casos como el de Sandra Peña Villar, la niña sevillana de 14 años de edad que se suicidó el pasado martes.
Según su familia, "llevaba alrededor de un año y medio sufriendo acoso escolar por parte de un grupo de compañeras", algo que sus padres habían "denunciado en dos ocasiones al centro". Sin embargo, el colegio "solo la había cambiado de clase y porque su madre lo pidió".
La Junta de Andalucía, después de realizar las investigaciones pertinentes, ha confirmado que el colegio donde estudiaba la menor, la Irlandesas de Loreto, no activó ninguno de estos protocolos con los indicios existentes.
Esta presunta omisión ha llevado a la Consejería a trasladar toda la información a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades de tipo penal. "Con 14, 15 y 16 años sí sabemos lo que estamos haciendo", aseguró la consejera.
De ahí que Educación haya trasladado toda la información recabada a la Fiscalía, órgano que se encargará del caso a partir de ahora.
Por su parte, la familia ha asegurado ante medios que va a "tomar medidas legales para llegar al fondo de la cuestión". Asimismo, Isaac Villar, tío de la víctima y portavoz ha declarado que "con esto también se busca depurar responsabilidades" y que lo que le ha pasado a Sandra sirva para que no ocurra más.
12 pasos
Para los casos de supuesto acoso escolar, la Junta de Andalucía recoge dos protocolos que tienen que ser activados cuando hay sospechas de que un menor está siendo víctima de 'bullying' en los centros educativos. Desde la Administración insisten en que funcionan.
En concreto, el programa para garantizar la convivencia en los centros educativos andaluces incluye 12 pasos.
El primero de ellos es la comunicación. Es decir, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno "tiene la obligación de comunicarlo".
En concreto, hay que dar parte de esto a algún profesor, tutor, responsable del área de orientación o al equipo directivo. Asimismo, esta información debe llegar "siempre" al director o, en ausencia de este, a un miembro de dirección.
Posteriormente, la ley establece que este último debe reunirse con el tutor del alumno afectado y los responsables de la orientación del centro para recopilar, analizar y valorar la información.
Todo esto debe quedar por escrito y, una vez que se estime la existencia de una situación de acoso escolar, se informará del inicio de protocolo al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
El tercer paso obliga a la puesta en marcha de "medidas de urgencia" para proteger al niño agredido si se considera "necesario".
Estas están destinadas a la "inmediata seguridad" y son específicas de apoyo y ayuda. Este punto también recoge una serie de medidas cautelares dirigidas al alumno acosador.
![El portal del edificio de la menor convertido en un altar improvisado.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/10\/15\/actualidad\/1003743969888_259369623_320x180.jpg"])
Seguidamente, el equipo de orientación debe trasladarle mediante una entrevista, y con el conocimiento de dirección, toda la información recabada a los tutores legales de los menores implicados.
Una vez que los familiares ya son conocedores de la situación, el equipo directivo podrá informar al resto de docentes.
Confidencialidad y protección de la intimidad
Esto se debe hacer siempre anteponiendo la confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados. En caso de considerarlo oportuno, se podrá informar también al resto de trabajadores del centro y a otras instancias externas como sociales o sanitarias.
Una vez que se han puesto en marcha las medidas de urgencias, se deberá recopilar toda la información necesaria relativa a los hechos: documentación existente sobre el alumnado afectado, observación en los espacios comunes, clases o extraescolares.
En esta línea, el equipo de orientación tendrá que completar la información vigilando al alumnado afectado y contrastando opiniones con el resto.
En caso de requerirlo, se podrá complementar los datos con personal de administración y servicios sociales del centro. Por último, el director deberá de hacer un informe con todo lo obtenido.
Seguidamente, el mismo deberá activar sanciones para corregir las conductas conflictivas o medidas disciplinarias para el alumnado agresor. Todo esto en función de lo establecido por la ley.
El mismo deberá ser trasladado a la comisión de convivencia del centro y al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Posteriormente, el equipo directivo tendrá que definir medidas y actuaciones. Para ello, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Medidas hacia el agresor
A la víctima hay que ofrecerle apoyo emocional, atención individual y, si es necesario, derivación a servicios de protección de menores, mientras que con el agresor, se aplican sanciones y programas de modificación de conducta.
El resto de compañeros participan en actividades de empatía, mediación y sensibilización. Las familias reciben orientación y seguimiento, y el profesorado formación y pautas de intervención.
La dirección del centro debe asegurar que todas estas medidas se cumplan e informar del seguimiento a la comisión de convivencia, las familias y la inspección educativa.
Los últimos puntos del protocolo de la Junta apuntan que las familias tienen que estar informados constantemente de cómo avanza la situación y cuáles son las medidas que se han tomado. Asimismo, el inspector hará un seguimiento de las medidas, actuaciones y la situación escolar.
También antisuicidio
El protocolo antiacoso no es el único que se aplica en supuestos casos de 'bullying' y que habría ayudado a salvar la vida de Sandra. También hay que poner en marcha el destinado a la prevención del riesgo ante conductas suicidas o de autolesiones del alumnado.
El primer paso a seguir por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa es detectar y comunicar posibles situaciones de riesgo.
Seguidamente, el equipo directivo está obligado a crear un grupo especializado que dé asistencia médica y debe ponerse en contacto con la familia del menor para informarles de la situación y las medidas que se están tomando. También tiene que trasladarlo a inspección y comisión.
![Lugar de recuerdo de la joven en su colegio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/10\/16\/actualidad\/1003743972276_259398079_320x180.jpg"])
La dirección es la responsable también de adoptar medidas provisionales. El director debe informar a las familias, mientras que el equipo de acompañamiento se encarga de hacer entrevistas y la ficha de análisis del caso.
Con los datos obtenidos, este organismo decide qué paso dar ahora: tipo de apoyo o coordinación externa entre otros. Posteriormente, los profesionales diseñan un programa específico con medidas de apoyo emocional, educativo y de seguridad.
Una vez que se aplican estas actuaciones, los docentes realizan un seguimiento e informan a las familias de la evolución. Por último, el inspector supervisa en todo momento que el protocolo se esté llevando a cabo y, cuando el riesgo ha desaparecido, se redacta un acta de cierre.
El caso de Sandra Peña Villar recuerda la importancia de aplicar con rigor los protocolos de protección y prevención en los centros educativos. Ahora, su familia quiere que su historia sirva para que ninguna señal de acoso pase inadvertida.
