La Audiencia Provincial de Sevilla ha autorizado aplazar una semana más la celebración del juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis en aras de alcanzar un acuerdo entre las partes.
Si bien, el principal "escollo" está en el tejado del Ayuntamiento. En general, los afectados piden que ponga dinero "encima de la mesa" para pagar las indemnizaciones millonarias.
Los representantes legales de algunos de los perjudicados han lamentado el "silencio" del Consistorio sevillano durante las negociaciones.
El Consistorio figura como responsable civil subsidiario en el juicio al estar acusada una de sus veterinarias y en el caso de llegar a un acuerdo, supondría reconocer su culpabilidad.
En concreto, estas indemnizaciones se elevarían para el total de los afectados a 10 millones de euros. La mitad de esta cuantía, según lo tratado hasta el momento, correría a cargo del Ayuntamiento.
El pasado 16 de octubre se acordaba un aplazamiento durante diez días, por lo que estaba previsto su inicio este lunes, 26 de octubre. Ahora, se prevé su celebración este próximo 3 de noviembre.
"Con toda sinceridad, el aplazamiento que se ha permitido para valorar las negociaciones es para poder ver si el Ayuntamiento de Sevilla reacciona, porque todos están poniendo de su parte, los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas", ha expresado en declaraciones a medios este viernes a las puertas de los juzgados el letrado de algunos de los afectados, Manuel Parrilla.
Si bien se han mostrado "optimistas" de cara a alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que contempla más de 40 sesiones para esclarecer un caso que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, instan al Gobierno local a aplicar "los mecanismos necesarios" de financiación para aportar las indemnizaciones solicitadas.
"No es fácil alcanzar un acuerdo, nos gustaría dar las gracias a todas las partes excepto al Ayuntamiento de Sevilla, que se ha sentado de oyente en las negociaciones, parece que la cosa no va con ellos", asegura.
El letrado ha especificado que no han terminado de alcanzar un acuerdo por el elevado importe de las indemnizaciones, pero siguen negociando, ha referido Germán Grima, también responsable de alguno de los afectados.
Así, se ha referido al portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, solicitando algún tipo de respuesta al respecto de este asunto.
La negociación
Hace unos días el concejal subrayó que el Gobierno local "siempre está abierto a explorar cualquier camino y cualquier posibilidad para solventar el asunto de la mejor forma posible", llegando incluso a afirmar que el Ayuntamiento no tendría "ningún problema" si se llegase a proponer un posible acuerdo entre las partes.
Sin embargo, ambos letrados mantienen que existen "mecanismos extraordinarios para llevar a cabo este tipo de pagos. Si quieren pueden, aunque estamos abiertos a cualquier negociación".
En relación con las condenas penales, han referido que esperan sanciones "ejemplarizantes" que, por el momento, constan en el marco de estos acuerdos.
De cara al juicio, la Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel.
Además, para cada uno de los mismos, solicita otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto.
También solicita un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.