La Guardia Civil ha desarticulado la trama de blanqueo de dinero procedente de la droga liderada, presuntamente, por el portuense Pascual Llopis y el sevillano Mario García.
Se trata de dos empresarios que desde el pasado 3 de julio se encuentran en prisión provisional. Estos, supuestamente, usaban chiringuitos ubicados en la zona de Puerto Sherry como tapadera. Junto a ellos fueron detenidas otras nueve personas.
Pero no lo ha hecho con una operación al uso, sino más bien "de película y ultrasecreta", según ha podido contrastar EL ESPAÑOL con fuentes de la investigación.
Y llevada a cabo con el mismo mecanismo que los agentes usaron durante la búsqueda de Ruth y José Bretón, los niños asesinados a manos de su padre, José Bretón, en Córdoba.
No obstante, la maquinaria empleada en el caso de Llopis y García no está destinada a la identificación de restos óseos, sino de metales.
En total se han incautado 1,8 millones de euros en efectivo, diez vehículos de alta gama y otros diez inmuebles repartidos por las dos provincias. Además, del bloqueo de una veintena de cuentas bancarias.
Para el hallazgo se ha contado con la colaboración de maquinaria especial traída desde Madrid como microcámaras o escáneres termoclimáticos y con perros especializados en encontrar dinero.
Es decir, una vez que el animal señalaba un lugar, era el momento de comenzar a desmontar enchufes, picar paredes o techos.
Y es que el Instituto Armado ha llevado a cabo 15 registros en diferentes puntos de Sevilla y Cádiz.
Precisamente fue la dimensión de la red la que precisó la llegada de esa maquinaria especial. Después de hacer los agujeros, se introducían microcámaras por ellos.
De esta forma, la Guardia Civil ha conseguido descubrir que los presuntos delincuentes escondían el dinero en el interior de estos.
En las labores de registro se han utilizado también ese tipo de escáneres especiales. Estos se pasan por el techo, el suelo o las paredes, lugares susceptibles de ser escondites.
En el operativo, que ha sido bastante complejo, han participado alrededor de 100 efectivos perfectamente coordinados para acabar con una organización criminal formada por, supuestamente, 11 personas. No obstante, se investiga a otra más por su relación con los delitos.
En concreto, han colaborado las unidades de EDUE y EDOA de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla que, junto con el Juzgado número 5 de El Puerto de Santa María, establecieron el dispositivo para el desarrollo de la fase de explotación.
Además, de manera simultánea, han intervenido las unidades USECIC de Sevilla, GRS y GAR, el Grupo Cinológico y el Grupo de Apoyo Operativo GAO. También el Grupo de Información GIC de Sevilla y el CRAIN de la Guardia Civil.
Casi un año de investigación
La investigación comenzó hace cerca de un año. En agosto de 2025, los agentes investigaban a un narco de "alto valor" tanto en España como en el extranjero.
Fue entonces cuando se percataron de la existencia de un entramado empresarial que podría haber sido creado para blanquear dinero procedente de la venta de sustancias estupefacientes.
Tal y como ha confirmado la Guardia Civil a este medio, se ha tratado del "mayor golpe del cuerpo al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Andalucía en lo que va de año".
En concreto, la red intentaba ocultar el dinero y dificultar su trazabilidad a través de locales de ocio nocturno, restauración y empresas del sector inmobiliario y de organización de eventos.
Algunos de los locales que han sido objeto de la investigación han sido los chiringuitos de Puerto Sherry Margarita, Babú y Banana Beach. Además, los agentes analizan el posible vínculo con el festival Puro Latino.
El "escenario perfecto"
Según un comunicado emitido por la Guardia Civil, las actividades que explotaban la organización eran el "escenario perfecto" para blanquear el dinero procedente de la droga.
Es decir, se trata de empresas en las que hay un elevado manejo de dinero en efectivo de sus integrantes y la canalización y transacción de elevados movimientos económicos entre sociedades.
Ahora, a todos los implicados se les imputan supuestos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Todo esto relacionado con organizaciones criminales sujetas a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.