El pasado lunes, Icónica Santalucía Sevilla Fest anunció que la Fiscalía Provincial de Sevilla había archivado la denuncia interpuesta por Facua contra la promotora Green Cow Music y el Ayuntamiento de la ciudad por supuestos delitos contra los consumidores y el patrimonio.
Ahora, los responsables del evento están estudiando "acciones legales por competencia desleal contra las empresas" denunciantes por haber "tratado de menoscabar la reputación del festival con acusaciones que se han demostrado infundadas y que han sido archivadas sucesivamente" según indicó la organización en el mismo comunicado en el que anunció la decisión del Ministerio Público.
Finalmente, la Fiscalía ha decidido dar carpetazo la demanda puesto que "no aprecia indicios de delitos relacionados con el patrimonio histórico ni de publicidad engañosa".
Asimismo, considera que "todo se ha realizado conforme a la normativa vigente y subraya que en el desarrollo del Festival no existe daño ni riesgo para el patrimonio histórico".
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se pronunció el pasado lunes sobre el veredicto del Ministerio Público. El 'popular' declaró que la denuncia "tenía poca injundia y poco contenido". No obstante, subrayó que no le correspondía a él hacer una valoración.
La ahora desestimada es la tercera demanda interpuesta al festival que, desde hace cinco años, acoge cada verano en la Plaza de España a multitud de cantantes internacionales y miles de visitantes. Y es que la ubicación elegida por la promotora ha estado en el centro de la diana desde su aterrizaje.
El motivo es que tanto asociaciones vecinales como organizaciones han denunciado que el montaje del escenario y el desarrollo de los conciertos "provocan daños" en el monumento diseñado por Aníbal González, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Denuncia de Sevilla se muere
La asociación Sevilla se muere fue la primera en denunciar su celebración. Lo hizo en julio de 2025 y, en esta ocasión, la demanda no se presentó ante la justicia, sino ante la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por un por el presunto incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico.
La entidad solicitó la apertura de un expediente sancionador contra la empresa Green Cow Music S.L., su CEO y responsable del evento, Javier Esteban, y otras personas implicadas en la organización de la cita. Asimismo, la asociación solicitó su "inmediata suspensión".
Denuncia de 16 promotoras
El pasado diciembre, la Fiscalía Anticorrupción archivó una denuncia interpuesta por más de una quincena de promotores de manera conjunta -entre ellos Concert Music- motivada por presuntas irregularidades en la cesión y explotación de la Plaza de España al festival.
En esta ocasión los responsables de la cita sí respondieron puesto que el escándalo les había impedido la posibilidad de cerrar algunos nuevos patrocinios y también la participación de varios artistas.
Ante esto, la organización se apoyó en la ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla en la que se basa el uso del recinto, prevista para eventos efímeros, no exige que haya licitaciones.
Lo más importante es que no coincidan en fechas dos proyectos que pretendan usar ese espacio, y en ese caso es el consistorio el que decide.
Por tanto, todos los promotores que así lo deseen podrían avanzar, no tienen ellos la exclusividad, aseguraron.
Finalmente, el Ministerio Público les dio la razón confirmando que la celebración de este evento no es fruto de ninguna "resolución arbitraria" ni se han "omitido trámites esenciales", incidiendo en la plena legalidad de las actuaciones.
Denuncia de Facua
Por último, Facua acusó al festival de un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores. Al hilo de esto, el escrito publicado por Icónica Fest afirma que la justicia considera que "la preventa de entradas es plenamente lícita".
"La normativa de consumo permite ofrecer servicios futuros siempre que se proporcione información veraz y exista derecho de reembolso si el evento no llega a celebrarse", prosigue.
Además, la Fiscalía añade que el calendario administrativo de este tipo de espectáculos haría inviable su celebración si la venta de entradas dependiera de la autorización final, que, por normativa, solo puede concederse semanas antes del inicio de la actividad", prosigue.
Asimismo, la justicia ha descartado "cualquier tipo penal relacionado con bienes protegidos".