El déficit de bomberos en la provincia de Sevilla fuerza a los voluntarios a la primera línea de fuego "por 700 euros al mes"

Los bomberos en la provincia de Sevilla, dependientes del Consorcio de Bomberos de la Diputación, viven una situación única en Andalucía y casi en España.

Su déficit de personal fuerza a los llamados bomberos voluntarios a la primera línea de fuego literalmente, a conducir un camión y hasta excarcelar a accidentados en vehículos, en ocasiones ya fallecidos.

En otras, son los primeros en llegar al lugar del incendio y actúan para evitar una tragedia aún mayor sin la supervisión de un profesional, tal como establece la normativa regional.

Según un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, muchos de ellos cobran dietas valoradas en cerca de 80 euros por cada una de las guardias que realizan al mes, no por sus servicios realmente. Lo que supone un sueldo mensual que ronda "entre 500 y 800 euros".

Sus puestos figuran en agrupaciones de Protección Civil y no tienen ninguna relación laboral con los ayuntamientos para los que trabajan. La mayoría son aspirantes a bomberos y estudiantes de oposiciones o personal municipal de mantenimiento.

No tienen, por tanto, Seguridad Social, pero se enfrentan al fuego como cualquier profesional con los medios y materiales que les ofrece el Consorcio Provincial de Bomberos, un órgano con un complejo entramado y que depende de la Diputación de Sevilla.

Dichas retribuciones corren a cargo de los ayuntamientos que tienen parques de bomberos voluntarios. Hay hasta siete repartidos por la provincia. Son los de Cazalla de la Sierra, Constantina, El Saucejo, Fuentes de Andalucía, Gerena, Montellano y Pilas.

El Consorcio Provincial de Bomberos firma convenios con dichos consistorios para que los voluntarios puedan realizar labores de colaboración "de forma altruista" tras recibir una formación.

Fuentes de la Diputación indican que "a priori no mantienen ninguna relación laboral con cada ayuntamiento, sino que las únicas indemnizaciones que reciben son por gastos de desplazamiento y dietas".

En cualquier caso, recalcan que el objetivo "siempre ha sido y es la profesionalización gradual del Sistema de Bomberos de la Provincia". Es una de los metas del Plan Director aprobado en 2025, cuyo periodo de vigencia es de ocho años.

Precisamente, el presidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla y de la Diputación, Javier Fernández, este lunes durante la entrega de unos premios al gremio, reconoció que la consolidación "no está en algún caso yendo al ritmo" que le gustaría y que la plantilla tiene que crecer hasta las 350 plazas en este mandato.

Actualmente, al margen de los voluntarios, el conjunto de parques de bomberos tiene una dotación de 213 funcionarios sin contar con jefatura.

Sin nombrar a este colectivo de casi 140, Fernández reconoció a su vez que uno de los retos es "la profesionalización al cien por cien del servicio", pero también que "construir una estructura de las características que requiere el Consorcio no es fácil y creo que Sevilla ha llegado muy tarde y que parte, además, de una situación complicada".

Esta legislatura es la primera en la que los socialistas están gobernando sin mayoría absoluta en los últimos 44 años.

Por debajo de la media nacional

El propio Plan Director del Consorcio Provincial de Bomberos, aprobado en 2025 por todos los grupos políticos, reconoce que el índice de bombero por habitante de la provincia de Sevilla está "por debajo de la media nacional".

En el territorio hispalense hay un bombero por 3.380 habitantes, cuando en España hay uno por cada 2.320.

El caso único en Andalucía de los bomberos voluntarios en la provincia de Sevilla: guardias a precio de dieta contra el fuego

Dicho documento propone eliminar la figura del bombero voluntario en los próximos ocho años. Entre dicho objetivo y el déficit de personal, habría que crear 441 plazas.

Un caso parecido en Cataluña

A nivel nacional, se da un caso parecido en Cataluña. Según publicó El País a principios de este mes de diciembre, casi 200 bomberos voluntarios de Lleida y Tarragona han presentado una demanda contra la Generalitat para defender que, a pesar de su denominación, la relación con la Administración ha trascendido los límites del voluntariado “para convertirse en una relación laboral encubierta, constitutiva de fraude de ley”.

En la provincia sevillana también se judicializaron algunos casos. En 2018 fueron 17 los bomberos voluntarios del parque de Gerena que presentaron un recurso.

El TSJA lo desestimó al considerar que no existía relación laboral con el Ayuntamiento y que "su condición jurídica era de voluntariado".

También sucedió en 2022, cuando siete miembros del personal laboral del Ayuntamiento de Arahal que desempeñaban labores de bomberos voluntarios y recibían complementos en nómina pretendían que su labor fuera reconocida como laboral. El TSJA también lo desestimó.

El problema ahora radica, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, que su labor se está excediendo hasta el punto de "poner en riesgo su propia vida".

Precisamente, este lunes se conoció que la Diputación de Sevilla ha sido condenada a indemnizar con casi 600.000 euros a una joven de Lora del Río que resultó herida en un incendio en 2020.

El juzgado entiende que la institución provincial es responsable de los daños que sufrió la adolescente, que tenía 17 años, porque no dotó a los bomberos de los medios suficientes para atajar el fuego a tiempo, según ha informa Diario de Sevilla.

La víctima fue rescatada por unos vecinos con una excavadora que los aupó hasta la ventana del cuarto de baño donde se había guarecido, pero acabó con quemaduras en gran parte del cuerpo y está “desfigurada para el resto de sus días”, según su defensa.

"El fuego no entiende de voluntarios"

Es algo que no se cumple en la práctica, tal como indican varios de los bomberos consultados por este medio. "El fuego no entiende de profesionales o voluntarios.

Entiende de que en un momento determinado se produce una emergencia", dice Óscar, bombero profesional del parque de Sanlúcar la Mayor.

"Si el fuego se origina en un pueblo con parque voluntario, quien está atendiendo la emergencia son los voluntarios. Se manda apoyo de un profesional dependiendo de la gravedad del asunto y si los efectivos del parque profesional no están en otra emergencia", añade este funcionario de carrera.

Es una situación anómala, tal como expresan distintas voces del sector. En Córdoba también hay voluntarios, pero no participan en tareas de extinción como sí sucede en la provincia de Sevilla.

"No se ajusta a derecho"

"No se ajusta a derecho en varios aspectos", dice Miguel Sánchez, secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB). En este caso, el voluntariado "sustituye a los bomberos profesionales, que por ley deben ser funcionarios".

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Dicha realidad la suscribe Alejandro del Vando, secretario de administración del SAB en Sevilla. Desde su experiencia como bombero profesional en el parque de bomberos de Lora del Río.

"Si ocurre una emergencia en Constantina o Cazalla, se activa en primer lugar al parque voluntario y luego al parque de voluntarios más cercano, pero hay distancia de 40 minutos. Si corre peligro la vida de alguien, el voluntario ya ha actuado y nosotros llegamos tarde", explica.

Voluntarios con medios profesionales

Todos los bomberos de la provincia, profesionales y voluntarios, tienen la obligación de registrarse cada vez que inician su jornada en el Sistema Integral de Gestión de Recursos contra los Incendios de la Diputación de Sevilla (Sigrid).

Es así como el COEPS (Centro Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla) conoce el número de efectivos de los que dispone para cada emergencia.

No obstante, todos ellos, independientemente de que sean voluntarios y sus retribuciones a modo de dietas las paguen los ayuntamientos, actúan con los materiales del Consorcio Provincial de Bomberos.

Sin embargo, según marca la ley de Emergencias de Andalucía, solo podrían trabajar con dichos medios funcionarios de carrera y los voluntarios, únicamente servirles de apoyo, pero en la mayoría de los casos la normativa está lejos de cumplirse.