Piden 9 años de cárcel para el portero de una discoteca de la Alameda de Sevilla por agresión sexual a una clienta

La Fiscalía de Sevilla pide 9 años de cárcel para el portero de una discoteca de la Alameda, una zona céntrica de la capital andaluza, por, presuntamente, abusar sexualmente de una mujer.

Según la presunta víctima, el portero, un hombre de 29 años, la apartó a ella y a otra persona de su grupo de amigos con los que había acudido a la conocida discoteca hasta una sala, donde les invitó a chupitos.

Así lo recoge la Fiscalía, que señala que, tras beber, llevó a la joven a una sala contigua y allí, presuntamente, realizó el intento de abuso sexual que relata la mujer.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la víctima acudió a la mencionada discoteca. El acusado, en calidad de portero del establecimiento, aprovechó su posición de confianza como trabajador del local e invitó a la joven y a su acompañante a tomar un chupito de fresa en una sala contigua.

Tras aproximadamente diez minutos, el procesado regresó y llevó a la víctima por la fuerza a un pequeño cuarto, en el que no constaba la presencia de otras personas, y allí realizó sobre ella actos de índole sexual sin su consentimiento, pese a las repetidas negativas de la joven. Tras el incidente, la víctima localizó a su acompañante antes de dirigirse a una comisaría para denunciar los hechos.

Secuelas

Como consecuencia de lo ocurrido, la joven presentó dolor en la cadera derivado del forcejeo, con hematoma residual, y sufrió síntomas de tipo ansioso-depresivo compatibles con un trastorno adaptativo de grado leve, que ha sido considerado secuela psicológica derivada de estrés postraumático.

Además, entre las penas principales reclamadas por la Fiscalía figuran la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo que la pena de prisión, ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena, y doce años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores de edad.

Asimismo, el Ministerio Público solicita la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante doce años, así como que la clasificación del condenado en tercer grado penitenciario no se produzca hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, momento en el que la sanción podría ser sustituida por la expulsión del territorio nacional durante ocho años, debido a que el procesado carece actualmente de residencia legal en España.

El juicio contra este varón está fijado para el próximo jueves 16 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.