Sandra S. (30) no ha olvidado todavía el sacrificio que supuso para ella conseguir su plaza como funcionaria en la Administración andaluza. Tres años seguidos estudiando y cuando no, trabajando. Al final, incluso optó solo por lo primero y hacer un esfuerzo extra. "Conseguirlo requería una dedicación exclusiva", cuenta. Su novio Carlos P. (28) sabe bien lo que eso significa. Él ya opositó, pero no consiguió plaza y ahora se dedica a estudiar prácticamente todo el día para intentarlo de nuevo.
Esta pareja sevillana siempre tuvo claro que quería ser funcionaría y que eso requeriría mucho esfuerzo. Un ahínco que ahora dejaría de tener sentido para ellos si saliese adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), admitida a trámite por el Parlamento de Andalucía, con los votos a favor del PSOE, sobre la estabilización del empleo público temporal en la Junta de funcionarios interinos en la Administración General, de Justicia, Educativa y Sanitaria.
¿Qué significa esto? Se trata de una iniciativa promovida por un grupo de diez interinos —para la que han conseguido 50.000 firmas de apoyo—, que trabajan en la Administración andaluza desde hace 30 años, y en la que piden que su colectivo obtenga su plaza como funcionario sin tener que hacer un examen de oposición, sino mediante un sistema de concurso que se base en la valoración de méritos, es decir, en su experiencia en años trabajados. Si saliese adelante, puesto que solo se ha dado el primer paso, aproximadamente 30.000 interinos de la administración autonómica podrían conseguir su plaza.
Esta iniciativa ha desatado prácticamente una guerra de los funcionarios y opositores contra los interinos, no solo por los perjuicios que les causaría, sino porque la consideran "anticonstitucional", pues esa proposición rompe con el principio de igualdad a la función pública que dicta la Constitución. "Nos partimos los cuernos durante años para ser funcionarios y ahora ellos pretenden serlo sin coger un libro y habiendo tenido numerosas oportunidades para conseguir su plaza", crítica Sandra S., funcionaria andaluza, en conversación con EL ESPAÑOL.
"Lo más mediocre"
Exámenes de oposición en un aula universitaria.
Solo en la Administración General, donde trabaja Sandra, esta iniciativa perjudicaría a casi 20.000 funcionarios de carrera. Básicamente, pondría del revés todo. Los funcionarios quedarían relegados cuando quisiesen pedir un traslado de puesto o ascender verticalmente, frente a los méritos "que puede tener un interino que ha trabajado durante 30 años por una serie de negligencias, que deberían ser únicamente algo extraordinario", denuncia esta sevillana.
Con la palabra "negligencia", Sandra hace mención a respaldo político. Según explica, esta situación ha sido generada por el anterior Gobierno socialista en Andalucía, que contaba "con una cantidad de interinos inasumible". "Fueron lo más mediocre cuando entraron, era muy fácil acceder a la función pública, y los han estado renovando continuamente. Los interinos no están actualizados jurídicamente, ni preparados en general; saben que es muy difícil competir ahora contra lo mejor de lo mejor en las oposiciones".
Pero si hay un gran perjudicado es el colectivo de opositores, como Carlos P. Pues de aprobarse esta iniciativa, serían muchas menos las plazas que la Junta de Andalucía podría ofertar para ser funcionario de carrera. Este sevillano no hace otra cosa que no sea estudiar. "Empiezo a las 08.00 hasta las 14, descanso, empiezo a las 16.00 hasta que me voy a dormir", relata a este diario. "Pero, ¿para qué? Si luego se le otorga el derecho de ser funcionario a un interino sin haber cogido un libro", crítica.
Esta proposición, además, ha sido un jarro de agua fría para miles de opositores que se encuentran actualmente en medio de un proceso selectivo para la Adminsitración sanitaria andaluza. En su caso, ya han superado la fase de oposición (el examen) y ahora se encuentran en la fase de méritos, pero aún así se podrían ver igualmente afectados por una disposición de la ILP. Una jugarreta que podría quitarles la plaza, obtenida de manera legal.
Fraude de ley
"A mitad de nuestro proceso nos hemos visto sorprendidos por la admisión a trámite de dicha iniciativa legislativa, donde nos hemos encontrado una disposición que señala que si los procesos selectivos en los que estamos inmersos no finalizan antes de la aprobación de la ILP -cosa que sabemos que es posible que ocurra, ya que ha habido procesos selectivos que han durado hasta 3 años-, las plazas que hemos ganado de forma legal, a través de un examen y posterior concurso, con el acuerdo de la administración, sindicatos y todos los que pagamos nuestras tasas de examen, serán automáticamente para los interinos, simplemente porque sí, con cero sustento jurídico", explican en la petición de apoyo popular que han publicado en Change.org.
Estos interinos, según denuncia esta pareja sevillana, han tenido un gran numero de ocasiones para presentarse a las oposiciones, pero ni siquiera se molestaban en ello "porque sabían que les iban a seguir manteniendo". "Ahora dicen que trabajan por la mañana y tienen menos tiempo para estudiar, menos tiempo tiene un camarero que se mata por las noches a estudiar para tener un futuro mejor. ¡Igualdad de mérito y capacidad!", sentencian ambos.
Representantes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), su secretario de Comunicación, Alfonso Calabuig, considera que esta medida es "totalmente injusta e inmoral", aunque tiene la "convicción de que no va a prosperar".
Más allá de que afecte a funcionarios y opositores, este funcionario insiste en que la ILP perjudica al propio servicio público, porque así nunca contará con los mejores profesionales, sino con los más antiguos y menos preparados. "Esto es fraude de ley. Son interinos, que no vengan con que han aprobado un examen, eso solo es una minúscula parte de todo lo que supone hacer una oposición", critica.
Sus defensores
Por otro lado, los defensores de esta iniciativa, que ha salido adelante en el Parlamento andaluz con 50 votos del PSOE, y 57 abstenciones de PP, C's y VOX, justifican su tramitación —en el documento de la ILP que han presentado— por el gran número de interinos inexistentes como consecuencia de no haber "afrontado con acierto" las limitaciones presupuestarias a nivel estatal.
También alegan el "abuso en el tiempo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el conjunto de Administraciones Públicas de España", tal y como indican, exponen en el texto, numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De este modo, con esta iniciativa se persigue, por una parte, "elevar los estándares de calidad" y, por otro, evitar una posible avalancha de demandas, reclamando el carácter indefinido e indemnizaciones por despido.