El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que clausurará el chalé completo de cuatro plantas más un sotano en el que actualmente vivien el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, y su pareja y presidenta de la formación en Madrid, Rocío Monasterio. Si bien en un principio se pensaba que esta medida afectaría sólo al sótano, finalmente será clausurado todo el edificio el próximo 8 de octubre. 

Según se informa desde el Consistorio, la vivienda carece de la licencia de primera ocupación y funcionamiento y sobre ella pesa una orden de clausura desde 2018. La superficie cuenta con 545 metros cuadrados construidos y está situada en el barrio de Chamartín, uno de los más exclusivos de Madrid. 

Según la sentencia, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la casa no cumple una serie de requisitos legales. No tiene la licencia de ocupación obligatoria para poder residir en ella ni tampoco la de funcionamiento, que es la que hace falta para desempeñar allí actividades económicas. 

Cuando la pareja inició la remodelación del chalé pidieron una licencia de obras pero no llegaron a pedir esas licencias de ocupación y funcionamiento que se tramitan por separado. Para obtenerlas hace falta que los técnicos aprueben que la reforma se ha hecho según establece la licencia. 

En un "laberinto burocrático"

La propia Monasterio ha reconocido encontrarse en un "laberinto burocrático" que ni "Kafka lo hubiera imaginado", según ha publicado en su perfil de Twitter y ha recogido la agencia Efe. 

Según ha comentado la política, en 2010 adquirieron una casa que remodelaron y desde 2014 no han conseguido superar esos trámites que ella califica de puramente burocráticos. Por ello, en 2016 se emitió la primera orden de clausura y, aunque la llegaron a recurrir, la sentencia da la razón al Ayuntamiento. 

"Llevamos nueve años cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso. Años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)", ha continuado Monasterio para quien se trata de "un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso".

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