El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este lunes tras la reunión semanal de su gobierno la "tolerancia cero" de su equipo con la violencia de género y explicó que el Ejecutivo autonómico avanza en su detección precoz a través del cribado que realiza el Servicio Gallego de Salud, "con el que se hicieron entrevistas a más de 1.300 mujeres en lo que va de año y que permitió prestar atención a 32 mujeres con riesgo de ser víctimas".
El Consello de la Xunta conoció hoy un informe sobre los resultados de este cribado desarrollado por la Consellería de Sanidade en los centros de salud con el objetivo de "poner en marcha un protocolo" y establecer pautas que guíen la búsqueda activa de mujeres que puedan sufrir esta situación.
El cribado, tal y como explicó Rueda, consiste en la realización de una breve encuesta validada científicamente a cualquier mujer a partir de 15 años cuando acude a una consulta con distintos profesionales sanitarios de los centros de atención primaria y estos “observan algún síntoma de alerta”. En caso de resultar el cribado negativo, se repetiría a los dos años.
"Los profesionales sanitarios informan a la paciente sobre sus derechos y la asesoran sobre los pasos a seguir; emiten un parte de lesiones si es necesario, que se remite a los juzgados; avisan a los pediatras si hay hijos menores; y registran la situación en la historia clínica", especificó el presidente del Gobierno gallego.
De este modo, la Xunta valora la relevancia de la identificación de víctimas por parte de los profesionales sanitarios porque la consulta ofrece un entorno de seguridad y confianza. Además, saber que en la sanidad pública se realizan cribados transmite el compromiso institucional permanente en la lucha contra la violencia de género.
Así, el cribado se extenderá a medida que avance la implantación de la última versión de la historia clínica electrónica Ianus5, que en el primer semestre de 2026 tendrán disponible 2.000 profesionales.
Por lo tanto, la Consellería de Sanidade sigue las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud cuando destaca el papel del personal sanitario en la detección y prevención de la violencia de género. De hecho, subraya que, contra la creencia popular, no se debe tener miedo a preguntar por esta cuestión, ya que las mujeres víctimas de violencia de género suelen estar dispuestas a contar que sufren malos tratos y esperan que alguien las escuche.
En este sentido, el procedimiento de cribado recuerda que escuchar es un acto terapéutico de primer nivel. Además, cita indicadores de sospecha basados en la actitud de la mujer y también en la exploración clínica.
Por una parte, si muestra una actitud evasiva, nerviosa o temerosa; si presenta rasgos de baja autoestima; vestimenta que pueda intentar ocultar lesiones; o si resta importancia a sus lesiones. Por otra, si tiene hematomas en distintos procesos de curación; lesiones como rotura de tímpano; síntomas como insomnio, depresión, cefaleas, cervicalgia, molestias gastrointestinales, dificultades respiratorias, aborto espontáneo o retraso en la atención prenatal que puedan ser consecuencia de malos tratos durante el embarazo.
Atención específica
La Xunta regula la formación en igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y, desde que en 2017 se estableció la obligación de contar con una formación básica en este ámbito por parte del personal del Servicio Gallego de Salud, son 51.809 los profesionales que la realizaron. De ellos, más de 28.000 son profesionales sanitarios y cerca de 23.800, profesionales no sanitarios.
Además del cribado de detección precoz de violencia de género, la sanidad pública cuenta también con procedimientos específicos para la atención a víctimas de agresión sexual y a víctimas de sumisión química, del mismo modo que el Servicio Gallego de Salud cuenta con un protocolo para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia de género en los centros sanitarios.
El Gobierno gallego reforzó la relación entre la atención social y la sanitaria a las víctimas con la entrada en funcionamiento de los centros de crisis 24 horas. Estos servicios públicos se situaron estratégicamente cerca de los centros hospitalarios para evitar una doble victimización y dar una respuesta más ágil y completa.