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La Guardia Civil del Puesto de Mugardos, en colaboración con el Puesto de Fene, llevó a cabo una importante actuación contra el marisqueo furtivo en la localidad de Mugardos, que culminó con la incautación de 175 kilogramos de vieiras y 25 kilogramos de centollas.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes, que realizaban un servicio de prevención del furtivismo en las inmediaciones de la zona, observaron cómo tres personas descendían de un vehículo y se distribuían alrededor del mismo adoptando una actitud claramente vigilante. Ante la sospecha de que pudieran estar implicados en alguna actividad ilícita, los guardias civiles permanecieron discretamente en el área para seguir sus movimientos.

Pocos minutos después, un cuarto individuo emergió del agua portando varios bultos voluminosos que fueron introducidos rápidamente en el maletero del vehículo. En ese momento, el grupo se dividió: dos personas se marcharon a pie y las otras dos emprendieron la huida en el turismo.

La Guardia Civil interceptó el vehículo poco después y procedió a inspeccionarlo. En su interior encontraron varias bolsas de red con una gran cantidad de vieiras, otra más con centollas, además de una botella de buceo y un cinturón de plomos, elementos utilizados habitualmente en la extracción ilegal de recursos marinos.

Tras el hallazgo, los agentes realizaron las correspondientes denuncias por infracción de la Ley 11/2008 de Pesca de Galicia y procedieron a la incautación tanto del marisco como del material empleado, incluido el vehículo utilizado para la actividad. Asimismo, se solicitó la colaboración del Servizo de Gardacostas de la Xunta de Galicia para efectuar el pesaje oficial del marisco requisado.

El resultado final ascendió a un total de 175 kilogramos de vieiras y 25 kilogramos de centollas, una cantidad significativa que pone de manifiesto la magnitud de la actividad furtiva que se pretendía llevar a cabo.

Con esta operación, la Guardia Civil refuerza su compromiso en la lucha contra el marisqueo ilegal, una práctica que no solo perjudica a los recursos marinos y al ecosistema, sino también a los profesionales del sector que ejercen su actividad de forma legal y sostenible.