María (nombre falso) es propietaria de dos viviendas que ha destinado a uso turístico en A Coruña. Desde hace años las ha explotado con el permiso de la Xunta y su inscripción en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) autonómico. Pero desde hace unos días ya no se anuncian en ningún portal de alquiler de alojamientos en internet.

Con dos hipotecas y un solo sueldo, Carmen (también nombre falso) destinó uno de sus pisos en A Coruña a uso turístico, con estancias cortas de inquilinos, para poder reformarlo en el futuro. Lo ha alquilado desde que la ley autonómica lo permite en 2017, pero tras las reservas de este verano ya no figura en ninguna web como arrendamiento vacacional.

Las viviendas de estas mujeres están en las zonas de la estación de San Cristóbal y de Riazor. Ninguna está en planta baja o primera planta ni forma parte de un edificio dedicado exclusivamente a viviendas de uso turístico (VUT), por lo que, de acuerdo con la ordenanza municipal aprobada en junio pasado, a partir de ahora no pueden operar.

El Concello, por tanto, no les concederá el título habilitante para iniciar su actividad, y sin este documento las dueñas no pueden obtener el número de registro del Registro Único estatal que les permite anunciar sus pisos de uso turístico en portales de internet como Booking o Airbnb.

Estas viviendas que antes eran legales ahora no lo son, un cambio que lleva meses denunciando el sector de propietarios de VUT en ciudades como A Coruña, donde el Concello ha restringido su implantación al considerar que la medida debería favorecer el aumento del alquiler convencional y el acceso a la vivienda en un contexto de escasa oferta y elevados precios.

La semana pasada el Ministerio de Vivienda notificó que en Galicia hay 2.640 VUT ilegales que se anuncian en internet porque no cuentan con el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, cuando entró en vigor el Registro Único. Entre los 140 localizados en la ciudad de A Coruña están los de Carmen y María, que ya no pueden ser publicitados.

"Se nos culpa a cuatro dueños de un problema estructural de vivienda"

Los dueños que hayan solicitado el número de registro con las características de sus VUT ajustadas a las condiciones de la ordenanza municipal sí pueden seguir operando y anunciándose en Airbnb, Booking u otros portales. Los que no, ahora se ven indefensos, lo que no rebaja la intensidad de sus protestas.

"La nueva ordenanza me parece una desfachatez y un abuso por parte del Concello", denuncia María. "Considera a los propietarios como unos apestados y beneficia a los grandes operadores que van a tener un edificio entero para vivienda turística. A nosotros se nos saca del mercado y se les deja estar a ellos".

Esta mujer, que tuvo "malas experiencias" cuando alquiló vivienda de forma convencional, censura que "se culpe a cuatro personas que operan con pisos turísticos de un problema estructural de vivienda" ocasionado por la alta demanda residencial. "¿Se hizo algo para poner en el mercado gran parte de las viviendas vacías de A Coruña? No".

"Se nos ha criminalizado alentando a los vecinos. Aquí no nos estamos haciendo ricos", continúa en sus protestas. "El 30% de lo que cobramos por una noche va a impuestos. Es un negocio que exige mucho trabajo. Tenemos licencia de la Xunta que hasta hace poco admitió el Concello y cotizamos. No pueden decirme qué es lo que tengo que hacer con mi propiedad".

Además, María alerta de que la prohibición de anunciarse "hará que parte de las viviendas que hasta ahora operaban, que ya tienen sus clientes, lo sigan haciendo en el mercado negro".

"Los problemas vecinales también los causa el alquiler tradicional"

La otra propietaria afectada, Carmen, también denuncia esta situación: "Hemos cumplido requisitos, declarado a Hacienda y presentado seguro de responsabilidad civil, según indicaba el decreto de la Xunta, y ahora se nos aplica de forma retroactiva una ley que acaba con nuestra actividad".

Con el piso cerrado, que alquilaba por días o semanas, deja de percibir unos ingresos que la obligarán a aplazar sus planes de reforma. No he tenido ningún problema vecinal en todo este tiempo. Los problemas a veces ya están antes de que alquiles el piso, las comunidades vecinales pueden ser complicadas. Puede haber tantos problemas en un piso de estudiantes como en uno con una familia que necesite instalarse durante años en alquiler tradicional", comenta Carmen.

La mayoría de sus clientes han sido familias, algunas extranjeras, "gente que ha venido a la ciudad por motivos profesionales, familiares, culturales o deportivos". Su piso lo mantiene en una plataforma, pero sin que los posibles inquilinos puedan reservarlos por menos de 30 días, el periodo de lo que se considera un alquiler vacacional.

La ordenanza, en los tribunales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitió a comienzos de septiembre el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la ordenanza reguladora de VUT aprobada en A Coruña.

Esta agrupación califica la normativa como "una de las más restrictivas de España" y sostiene que el texto incurre en "graves vicios de nulidad" al invadir competencias que no corresponden al ámbito municipal y vulnerar derechos adquiridos por propietarios que cuentan con registro oficial (el de la Xunta) desde 2017.