El aumento del precio de la vivienda ha dejado de ser noticia. Pasan los meses y es más caro alquilar o comprar. En las siete ciudades de Galicia, salvo alguna excepción mensual, la evolución de los precios de los arrendamientos tiene siempre el signo positivo antes del porcentaje, según se extrae de las estadísticas del Observatorio da Vivenda de la Xunta.
Para congelar los alquileres durante al menos tres años, A Coruña puede poner coto a la subida del precio de la vivienda tras haber recibido de la Xunta la aprobación a su solicitud de zona de mercado residencial tensionado. Esta medida está recogida en la Ley de Vivienda de 2022, y desde entonces el alquiler en A Coruña ha aumentado un 27,6%.
El último boletín del Observatorio da Vivenda del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), con datos de mayo de 2025, recoge que la ciudad herculina tiene el arrendamiento más alto de los siete grandes concellos: 716,1 euros.
Es un 0,8% más que en abril pasado (710,4) y un 27,6% más que en mayo de 2022 (561,2 euros), al poco de entrar en vigor la Ley de Vivienda que, a través de la declaración de zonas tensionadas, abre la puerta a limitar el precio de los alquileres.
De momento A Coruña es la única urbe gallega que ha solicitado esta medida de contención de precios con el fin de facilitar el acceso a la vivienda, aunque en las demás ciudades se han producido en los últimos tres años aumentos similares o superiores.
Por encima de A Coruña ha habido desde 2022 incrementos de precio superiores en Santiago (27,8%), Lugo (36,3%) y Ferrol (37,3%), donde alquilar un piso ha pasado, respectivamente, de 488,4 a 624,3 euros, de 407,5 a 555,5 euros, y de 386,5 a 530,9 euros.
Un cartel de 'Se alquila' en una vivienda.
El aumento en el mismo periodo ha sido más bajo que el de A Coruña en las ciudades de Ourense (24,1%), Pontevedra (23,4%) y Vigo (23,3%) donde para vivir alquilado hay que pagar hoy 537,3, 640,5 y 671,8 euros mensuales respectivamente.
El precio de un piso alquilado en Ourense es el único en las ciudades gallegas que ha experimentado una leve caída entre abril y mayo de este año, del 0,5%.
Contratos de alquiler
Si ha subido el valor de la vivienda en alquiler y asumir su precio acapara gran parte de los ingresos de las familias, ¿es por tanto más bajo el número de contratos? La respuesta es afirmativa en las dos grandes ciudades de Galicia, según los datos del Observatorio.
En A Coruña y Vigo se firmaron en mayo 1.981 y 1.825 fianzas de alquiler respectivamente, 98 y 198 menos que en mayo de hace tres años, al poco de aprobarse la ley estatal de vivienda. También bajó el número, muy levemente, en Lugo; en las demás ciudades hubo los mismos o más contratos.
Las medidas de la zona tensionada
A Coruña no será oficialmente zona de mercado residencial tensionada hasta que el Ministerio de Vivienda, una vez que certifique toda la documentación, la incluya en un listado de zonas tensionadas y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Concello, para pedir la declaración, confirmó que en la ciudad se cumplen los requisitos que, por ley, permitirían limitar los alquileres: que el coste de la hipoteca o el alquiler y los gastos derivados superan el 30% de la renta media de los hogares; y que el precio de adquisición o arrendamiento haya experimentado un incremento un 3% superior al índice de precios de consumo (IPC).
A partir del momento de publicación en el BOE, se podrán aplicar restricciones a los precios en el mercado del alquiler residencial. El Concello tendrá el plazo de dos meses para aprobar un plan específico de medidas y su calendario de ejecución, que deberá ajustarse al proyecto presentado en su solicitud y ser remitido al IGVS.
Entre las medidas figura la congelación del precio del alquiler cuando se firma un nuevo contrato después del periodo de cinco años de vigencia del anterior. Habrá bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen los precios o introduzcan en el mercado viviendas alquiladas a personas de entre 18 y 35 años.
A los dueños que tengan más de diez pisos se les obligará a cobrar, como máximo, la renta calculada por el índice de precios de referencia del Estado, un límite que se aplicará también a las viviendas que salgan al mercado sin haber tenido contratos de alquiler en los últimos cinco años.