El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado este jueves el procedimiento de evaluación ambiental empleado por la Xunta de Galicia en la tramitación de parques eólicos, tanto nuevos como ya existentes, que se tramitaron en Galicia en los últimos años.
La sentencia, en la que el alto tribunal falla que los Estados miembro no están obligados a permitir observaciones públicas tras los informes sectoriales, supone un espaldarazo jurídico a la estrategia autonómica en materia de energías renovables y podría marcar un antes y un después para un sector que lleva años paralizado por decisiones judiciales.
Durante este tiempo, decenas de parques eólicos en Galicia habían sido paralizados de forma cautelar por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
A instancias de un recurso de la asociación ecologista Petón do Lobo, quien cuestionaba la forma de proceder de la Xunta y ponía el foco en la ausencia de un nuevo trámite de audiencia pública tras la emisión de los informes sectoriales, el TSXG planteó una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determinase si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados. Ahora, la Justicia Europea le responde y avala el procedimiento de la Xunta de Galicia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado que la legislación comunitaria sobre evaluación ambiental no obliga a que el público pueda formular alegaciones sobre los informes sectoriales emitidos por las administraciones una vez cerrado el periodo de exposición pública inicial. La sentencia responde así a una de las principales controversias planteadas en torno a los proyectos eólicos en Galicia, y en concreto, al caso del parque A Raña III, en el municipio coruñés de Mazaricos.
Según el fallo, la directiva europea sí establece que la participación ciudadana debe ser efectiva y temprana, es decir, antes de que se tome la decisión final sobre el proyecto, cuando “todas las opciones siguen abiertas”. Sin embargo, el tribunal descarta que la normativa exija una nueva consulta pública tras recibir los informes de los organismos sectoriales.
Margen de aplicación para los Estados
El TJUE señala además que los Estados miembros disponen de cierto margen para definir cómo se desarrolla la participación pública, siempre que se garantice el acceso a la información esencial y se ofrezca un plazo mínimo de 30 días para presentar observaciones. En este sentido, si el estudio de impacto ambiental elaborado por el promotor es suficientemente detallado y se somete a información pública conforme a la ley, se considera que se cumple con la participación ciudadana exigida por la directiva.
El tribunal europeo también advierte de que exigir una segunda ronda de participación pública para revisar los informes sectoriales podría suponer una carga desproporcionada para las administraciones nacionales. Esta interpretación —precisa el TJUE— iría en contra del principio de eficiencia procedimental que defiende la normativa ambiental comunitaria.
Con esta sentencia, el alto tribunal comunitario despeja una de las principales dudas jurídicas que habían provocado la paralización de numerosos parques eólicos en Galicia por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y refuerza la validez del procedimiento aplicado por la Xunta en la tramitación de estos proyectos.
Desde Luxemburgo, donde asistió a la lectura pública de la resolución, la secretaria xeral Técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, expresó su satisfacción con el fallo del tribunal. Según señaló, la sentencia “le da la razón” al Ejecutivo autonómico al confirmar que la normativa aplicada por la Xunta en la tramitación de los proyectos cumple con la legislación comunitaria.
Apoyo a la evaluación ambiental autonómica
El pronunciamiento del TJUE responde a una cuestión prejudicial planteada en 2023 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desde 2022 había paralizado varios parques eólicos al considerar que podían existir deficiencias en los procedimientos de impacto ambiental.
“La situación del sector eólico gallego es única en toda España y también en Europa”, insistió Bouso, aludiendo a un “bloqueo judicial sistemático” que no se reproduce en otras comunidades ni en países del entorno europeo, donde la implantación de las energías renovables está declarada de interés público superior.
En este contexto, la responsable autonómica considera que la sentencia del TJUE debería servir para “desbloquear la parálisis eólica sin precedentes” que vive Galicia desde hace más de tres años, y permitir así avanzar hacia la transición energética y la descarbonización del territorio.
Por su parte, tras conocer dicha sentencia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que se "abre un nuevo horizonte de proyectos industriales en Galicia" con una decisión que espera que sea "respetada" y que sirva para "aprovechar todas las oportunidades" que Galicia "tiene por delante".
Satisfacción en el sector
Por su parte, el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) ha acogido con satisfacción esta sentencia que "proporciona seguridad jurídica al sector y contribuye a desbloquear numerosos proyectos paralizados por decisiones judiciales previas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)", señalan en nota de prensa.
Para José Ramón Franco, presidente de Cluergal "esta decisión refuerza la apuesta por un modelo de transición energética ordenado y sostenible en Galicia, alineado con los objetivos de descarbonización, autonomía energética y desarrollo económico del territorio".
Cluergal defiende impulsar la repotenciación de parques eólicos en Galicia para mejorar eficiencia y reducir impacto ambiental, siempre con consenso entre administración y promotores. Advierte de obstáculos como la burocracia o la incertidumbre regulatoria. Además, reclama el desarrollo de la eólica marina como oportunidad estratégica para Galicia, pidiendo una subasta clara que priorice el tejido industrial local y el respeto al medio marino.