El pleno extraordinario de A Coruña ha aprobado este jueves la subida de la tasa de recogida de la basura, que pasará de una media de 62 euros hasta los 124 en 2029. El incremento ha recibido luz verde con los votos a favor del PSOE y el BNG, mientras que el PP local ha mostrado su rechazo.
Este incremento ya había sido explicado el pasado 23 de julio por la alcaldesa, Inés Rey, tras la Xunta de Goberno Local y este jueves ha sido defendido por el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage Tuñas, para su aprobación inicial. La tasa será sometida a exposición pública y se valorarán las propuestas presentadas.
Lage Tuñas señaló que no solo se trata de una actualización técnica sino una respuesta "necesaria" a la normativa europea. Esta norma establece tarifas diferenciadas, incentivos para la separación en origen, bonificaciones para comportamientos responsables y medidas específicas para colectivos vulnerables, lo que contribuye a una "economía circular real".
"Tenemos una de las tarifas más bajas ya no entre las ciudades gallegas, sino entre la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia", señaló el concejal de Economía, que indicó que los habitantes del rural de Carballo pagan una media de 95 euros frente a los 62 de A Coruña. En Abegondo y el Consorcio das Mariñas, añadió Lage Tuñas, el precio aumenta hasta 169 euros, y en Vigo está en 138.
A Coruña contará con un modelo con una cantidad fija y una cuota variable según el consumo del agua y de la ruta de recogida establecida en el contrato. Estas variables se incluyen para que las familias con menos miembros, que producen una menor cantidad de residuos, así como las personas que residan en zonas en las que se usa menos maquinaria para el servicio, asuman un coste menor.
La cantidad fija será en 2026 de 60,98 euros, a la que se sumará la variable según los metros cúbicos de agua consumidos y las rutas. Ambas irán variando de forma progresiva hasta 2029, aunque se mantendrá la recaudación trimestral a través de Emalcsa, "lo que facilita el pago y evita impactos bruscos en la economía doméstica".
El BNG exige más medidas
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, señaló por su parte que esta actualización es una "obriga legal" para implantar sistemas de pago por generación, de forma que se refleje el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.
Los nacionalistas exigieron durante las negociaciones que hubiese una "distribución xusta do esforzo fiscal da actualización", de forma que empresas o establecimientos que desarrollan actividades económicas asuman un mayor esfuerzo al generar más desperdicios.
El BNG también señala que es preciso que se protega a las familias vulnerables, así como establecer incentivos para aquellos que reciclen con medidas como disponer de compostero doméstico, hacer entregas en puntos limpios, respetar buenas prácticas en el depósito de voluminosos, separar adecuadamente los residuos en establecimientos, donar alimentos...
Jorquera, por último, señaló como necesario el periodo de adaptación para los ciudadanos hasta el 1 de enero de 2029.
Todo ello, añadió el edil nacionalista, se complementaría con la implantación de contenedores cerrados con identificación, de forma que el pago se realice por generación y se eviten los residuos sin control, así como con un refuerzo de la inspección, campañas de información y sensibilización y una planta de Nostián "que sexa unha verdadeira planta de reciclaxe".
El PP, en contra de la tasa
El concejal del PP, Roberto Rodríguez, señaló desde un primer momento la oposición de su partido a esta tasa, que calificó de "estafa" y atribuyó al Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Exactamente en qué va a cambiar el servicio por el que le va a cobrar el doble o el triple a los coruñeses?", le preguntó a Inés Rey.
Rodríguez, además, considera que el nuevo sistema no va a cumplir con su función. "Continúan estableciendo una tasa lineal como hasta ahora, simplemente están incrementando las tarifas", añadió el popular, que defendió que el "talón de Aquiles" de la tasa es "la falta de rigor del estudio económico": "Se coge el presupuesto de 2025 y se concluye que para equililbrar lo que se ingresa y se gasta por estos servicios, hay que incrementar la tarifa un 43,64%".
El concejal del PP acusó al Gobierno local de cobrar más a los ciudadanos para ofrecerles "el mismo servicio deficitario". "Pasarán de pagar entre 60 y 68 euros a entre 117 y 200 euros, entre el doble y el triple, y sin contrato de recogida desde 2017 al haberse anulado judicialmente el licitado por Inés Rey, sin contrato en la planta de tratamiento desde 2020", concluyó Rodríguez.