Este martes, un grupo de miembros del comité de empresa y de la CIG se han encerrado en las oficinas de la UTE que gestiona la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña como señal de protesta por sus condiciones laborales. Los trabajadores exigen una mejora en la seguridad y condiciones de trabajo dignas ante la falta de respuesta de la empresa.

En un comunicado de la CIG recogido por Europa Press, los trabajadores explican que han optado por esta forma de protesta "después de meses reclamando mejoras" y ante la "inacción" de la empresa frente a una "agresión racista", además de la falta de soluciones "ante la multitud de problemas expuestos una y otra vez por el comité".

Desde la constitución del sindicato, el comité ha trasladado varias veces a la empresa los diversos problemas que han surgido en el desarrollo de los trabajos, tanto en materia de seguridad y salud, como en cuestiones de pago de salarios y retenciones, o adjudicación de vacaciones.

Sin embargo, denuncia, ninguna de las cuestiones ha sido atendida, por lo que "prácticamente se está convirtiendo en rutina llegar a la siguiente reunión con el mismo orden del día de la anterior".

Por otra parte, han trasladado su malestar por la negativa de la empresa a apartar, al menos cautelarmente, a un encargado de una subcontrata, supuestamente "responsable de una agresión racista" a un operario, y han lamentado que se hayan conformado con la apertura de un expediente.

"Todo esto está ocurriendo en una de las mayores obras públicas en el noroeste peninsular en las últimas décadas, con 140 millones de euros de fondos públicos, y bajo la supervisión de Adif y del Ministerio de Trabajo", ha recalcado la CIG, que ha advertido de que, si no se toman medidas, no se descartan otras actuaciones de "presión".

El comité demanda, además de apartar al supuesto autor de esa agresión, que se proceda al abono regular del salario pactado a todo el personal, "sin descuentos arbitrarios".

Asimismo, exigen que la empresa asuma los perjuicios causados por no haber aplicado correctamente las retenciones de IRPF de 2024, que se reconozca el derecho a 30 días anuales de vacaciones sin merma salarial, que se implementen mejoras de seguridad y protección colectiva, y que se retiren "todas las represalias contra el comité y el personal que reclama sus derechos".