Galicia ha logrado reducir los niveles de exclusión social en los últimos años, situándose en mejores cifras que la media estatal, pero afronta un riesgo creciente de consolidar una precariedad estructural que afecta ya a amplias capas de la población.
Así lo recoge el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, elaborado por la Fundación FOESSA y presentado este martes junto a Cáritas en Galicia.
El estudio revela que más de 340.000 personas en la comunidad se encuentran en situación de exclusión social, un fenómeno que deja de ser minoritario y se extiende al conjunto de la sociedad.
Aunque la tasa global de exclusión desciende del 16,8 % al 12,7 % entre 2018 y 2024, la exclusión severa apenas varía y sigue afectando a unas 168.000 personas, en torno al 6,3 % de la población.
Al mismo tiempo, el informe advierte de un deterioro claro de la integración social. La integración plena cae más de ocho puntos, mientras que la integración precaria se dispara hasta alcanzar al 43,8 % de la población gallega, es decir, casi la mitad de la ciudadanía vive en una situación de vulnerabilidad constante.
"Somos una sociedad menos excluida, pero mucho más frágil", advirtió el coordinador técnico del informe, Thomas Ubrich.
Uno de los ejes centrales del informe es la vivienda, que se consolida como el principal motor de desigualdad y exclusión social.
El 26 % de los hogares gallegos presenta algún indicador de exclusión residencial, con más de 78.000 hogares ahogados por los gastos de alquiler o hipoteca y cerca de 170.000 personas viviendo en condiciones de mala habitabilidad.
El incremento del precio de la vivienda y del alquiler, muy por encima del crecimiento de los ingresos, ha convertido el acceso a una vivienda digna en un auténtico cuello de botella para la integración social.
En el ámbito laboral, el informe constata una mejora de los indicadores de empleo, con más ocupación y menos paro, pero subraya que el empleo ya no garantiza salir de la exclusión. Los salarios reales apenas han crecido y persiste una inestabilidad laboral grave que mantiene a muchas personas trabajadoras en situaciones de precariedad prolongada.
La radiografía social se completa con altos niveles de fragilidad económica cotidiana, dificultades para afrontar gastos imprevistos, problemas para mantener una vivienda en condiciones adecuadas y una cobertura insuficiente de los sistemas de garantía de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital o la RISGA.
El informe alerta además del empeoramiento de la salud, especialmente la mental, y del aumento de la soledad no deseada, que se multiplica entre los hogares en exclusión severa.