Xunta, empresarios gallegos y transportistas solicitarán una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para tratar la gratuidad de la AP-9, así como su transferencia a Galicia. Así lo ha dado a conocer este viernes la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tras una reunión de su presidente, Juan Manuel Vieites, con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas; la Confederación de Empresarios de Galicia; y la Federación Gallega de Transportes y Mercancías (Fegatramer) han acordado solicitar conjuntamente una reunión con Óscar Puente para trasladar tanto la necesidad de la gratuidad de la AP-9 como la transferencia a Galicia de la misma.
"Galicia continúa siendo la comunidad con más kilómetros de autopista de peaje por habitante, lo que condiciona su competitividad. Los empresarios gallegos, llevan más de 50 años pagando este peaje. Bruselas cuestiona la concesión de la AP-9 y el Gobierno aplaza decisiones", critica Vieites, que señala que aunque han acogido positivamente las bonificaciones, "son insuficientes" y que la AP-9 debería ser "gratuita, justa y sostenible".
Los empresarios consideran que la eliminación de peajes podría impulsar la economía de Galicia, al reducir costes logísticos y de transporte y supondría un beneficio directo para ciudadanos y empresas al disminuir gastos de desplazamiento. "El rescate de la concesión implica un desembolso significativo para las arcas públicas y la gestión y conservación de la autopista recaerían en la administración pública, con los costes asociados", indica la entidad en un comunicado.
"Tanto el rescate como en su caso la transferencia a Galicia de la autopista no puede convertirse en una hipoteca de por vida para Galicia. Para ello, la transferencia debería realizarse con el correspondiente acompañamiento económico del Estado. Las soluciones que se adopten deben ser financieramente sostenibles y no trasladar toda la carga a empresas y ciudadanos. Estaremos atentos a la tramitación de la iniciativa en el Congreso de los Diputados y en especial a las condiciones de la misma", indica Vieites.
La CEG, de esta forma, defiende la gratuidad de la AP-9 como una "estrategia clave" para el desarrollo empresarial y social de Galicia. "No obstante, hemos de reconocer los retos económicos que implica cualquier fórmula de rescate o transferencia. Por ello, es fundamental que las autoridades competentes elaboren y hagan públicos informes técnicos y económicos actualizados, que permitan contrastar las distintas estimaciones existentes y optar por la mejor solución técnica", añade la entidad.