El Parlamento de Galicia ha aprobado, en el marco de la Comisión Institucional, una iniciativa en la que insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno de España para crear nuevos juzgados de violencia sobre la mujer en las ciudades de A Coruña y Vigo sin alterar la planta judicial penal de ambas urbes, es decir, evitando la supresión de dos juzgados de instrucción.
De acuerdo con la información de Europa Press, la proposición no de ley fue impulsada por los populares y aprobada sin modificaciones por 15 votos a favor y dos abstenciones (de los socialistas).
Pide expresamente que los juzgados de violencia machista de A Coruña y Vigo sean de nueva creación, y se pongan en marcha como "órganos adicionales y específicos, sin que suponga la transformación ni eliminación de juzgados de instrucción".
Asimismo, el Parlamento insta a planificar la planta judicial de Galicia "de forma rigurosa, transparente y dialogada con la Xunta, atendiendo a informes técnicos, datos de carga de trabajo y criterios de equilibrio territorial".
La misma iniciativa aboga por garantizar una respuesta "eficaz, especializada y suficiente" frente a la violencia machista, "reforzando los medios materiales y humanos sin deteriorar el funcionamiento de otros órganos jurisdiccionales fundamentales".
Policía autonómica
Los populares también han impulsado otra iniciativa que ha salido adelante por diez votos a favor y siete abstenciones en la que el Parlamento insta a reiterar al Gobierno la necesidad de completar la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA), para que pueda "seguir prestando sus funciones en términos de seguridad y eficiencia".
Todo ello, continúa la proposición no de ley, "sin verse obligados a renunciar a ninguna función". Asimismo, la iniciativa recuerda que sigue "pendiente" el compromiso de reforzar el cuerpo de Galicia "con un mínimo de 50 agentes".
Otros asuntos
También se ha aprobado, con apoyo de todos los diputados presentes en la comisión, el punto de una iniciativa impulsada por el BNG que insta al Gobierno a la regulación del Estatuto de la profesional de la abogacía y procuraduría que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficios.
Igualmente, el Parlamento ha decidido instar por unanimidad a la Xunta a cumplir el artículo quinto de la 'ley Valentín Paz-Andrade', para el aprovechamiento de los vínculos con la lusofonía, elaborando un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de la norma y remitiéndolo a la Cámara autonómica.