La Xunta de Galicia tendrá el control de su litoral a partir del próximo 1 de julio. Así lo establece el real decreto de transferencia de las competencias sobre la costa a Galicia que este lunes ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG).
El Ejecutivo de Alfonso Rueda pasará así a tener las competencias sobre las autorizaciones y las concesiones en los más de 2.500 kilómetros de costa en los que se asientan más de 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de cien empresas del complejo mar-industria, que la Xunta califica de "esenciales" para la economía gallega.
El del litoral es el primer traspaso del Estado a la comunidad gallega en casi 17 años, ya que el último data del bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009).
Entre las competencias transferidas, según figura en el decreto aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, se encuentran las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, así como la tramitación e imposición de sanciones.
Decisiones del Estado, colaboración, medios transferidos
Pero hay decisiones que seguirá tomando el Estado. En concreto, dentro de las funciones y servicios que se reserva el Gobierno estatal se encuentran la de fijar el importe de los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre; o el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija una razón de interés general vinculada a su ámbito.
También tendrá la potestad sancionadora derivada de sus competencias, y que no se refieran a las infracciones por incumplimiento que le corresponda a Galicia.
El real decreto establece una serie formas de cooperación entre las dos administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte; sobre los informes que deben emitirse desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico relacionados con planes y normas de ordenación del litoral; o en materia de obras de interés general.
Vista aérea de Viveiro, en A Mariña lucense.
Además, el texto contempla formas de cooperación (a través de una comisión de seguimiento, convenios e intercambios de datos) para el ejercicio de funciones concurrentes, en lo relativo a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte, cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre, ejercicio de las potestades sancionadoras de las respectivas administraciones e inversiones en obras de interés general.
En cuanto a los medios que se transfieren a la Xunta, están partidas presupuestarias de 1,2 millones de euros, así como 11 vehículos y 36 puestos de trabajo ocupados y vacantes: 17 de personal funcionario y 19 de laborales.
Acuerdo "histórico"
El acto oficial del traspaso de competencias juntó el pasado 9 de abril en Santiago de Compostela al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El titular del Gobierno gallego calificó el acuerdo como "histórico" y subrayó que responde a una demanda “justa, sensata y ampliamente apoyada por la ciudadanía y por el conjunto del Parlamento de Galicia”.
El presidente apuntó que Galicia no busca privilegios ni confrontación con el control de sus costas, sino herramientas eficaces para gestionar su futuro. Rueda agradeció el amplio consenso político que hizo posible el acuerdo de traspaso.
Galicia pedía entonces agilidad para poder empezar a tener plenas competencias sobre su litoral, y el real decreto de este 19 de mayo establece que las ejercerá en menos de un mes y medio, el próximo 1 de julio.