El Consello de la Xunta ha acordado este lunes modificar la Ley de Salud de Galicia con el objetivo evitar las agresiones al personal del Servizo Galego de Saúde. La última fue el pasado mes de febrero cuando un paciente apuñaló a un enfermero y a un vigilante en el CHUAC de A Coruña.
"Esta coyuntura provoca la necesidad de revisar los protocolos existentes y adoptar nuevas medidas para atajar y evitar, dentro de lo posible, la aparición de nuevos capítulos de violencia o conductas que pongan en riesgo a integridad de los profesionales", ha destaca el Gobierno gallego.
Para ello, la Xunta de Galicia quiere elevar la protección de los profesionales al máximo rango legal, y ha acordado hoy el inicio de la tramitación de la reforma de la Ley 8/2008, de salud de Galicia, para incorporar un capítulo específico destinado a reforzar y prevenir la violencia en el sistema sanitario público gallego.
La modificación legal establecerá que las gerencias de las áreas sanitarias deberán comunicar de oficio todos los casos de agresión de los que tienen conocimiento a la Fiscalía Superior de Galicia para el inicio de acciones penitenciarias, con independencia de que exista o no denuncia por parte de la persona agredida. Además, la Asesoría Jurídica de la Xunta comparecerá en los procedimientos penitenciarios por delitos de atentado al personal del Servicio Público de Salud.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, el Servizo Galego de Saúde lo comunicará al Ministerio Fiscal y, en los casos en que no se considere la existencia de infracción penitenciaria, la Administración iniciará o continuará, de ser el caso, el procedimiento sancionador, tomando como base los hechos declarados probados por los tribunales.
La reforma legal supondrá, también, la creación del Rexistro Galego de Actos de Violencia Externa en el ámbito sanitario, en que se inscribirán y registrarán todos actos de violencia notificados al Ministerio Fiscal.
Igualmente, se impulsará un Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario que efectúe una evaluación integral del riesgo de daños por violencia en función de factores relevantes en cada centro, medidas específicas que sea preciso implantar, así como el deber de facilitar formación e información en la materia.
Apoyo psicológico y asesoramiento
El Servizo Galego de Saúde pondrá también a la disposición del personal del Sistema público de salud de Galicia que fuera víctima de un acto de violencia en el ámbito sanitario un servicio específico encargado de prestar el apoyo psicológico que en cada caso se precise.
También se le facilitará asesoramiento, a través de la Asesoría Jurídica del Servicio Gallego de Salud, de las acciones y denuncias a que tiene derecho sin perjuicio de que la Administración comparezca como acusación particular en las causas penitenciarias abiertas con ocasión de actos de violencia sanitaria sufridos por su personal durante el tiempo de trabajo.
Además, se introduce como un deber legal ofrecer formación específica al personal del Sistema público de salud de Galicia para hacer frente a situaciones de emergencia provocadas por conductas violentas y desafiantes y para conocer los mecanismos y técnicas de autocontrol ante agresiones físicas.
Finalmente, la reforma de la Ley de Salud incluye la modificación del capítulo de infracciones y sanciones para dar un tratamiento específico y distinto para las agresiones y demás actitudes violentas, de manera que se individualicen, tipifiquen y sancionen de manera individualizada y singularizada de acuerdo con su gravedad.