Ecoloxistas en Acción ha presentado este lunes una denuncia penal en los juzgados de Carballo contra la Xunta de Galicia por supuestos delitos contra el medio ambiente en relación con el vertido tóxico registrado el pasado 31 de enero en una de las balsas de residuos mineros de la mina de Monte Neme.
La denuncia se dirige contra responsables políticos y técnicos de la Administración autonómica, así como contra las empresas que integran la UTE MONTENEME, encargadas de las obras de restauración de la explotación. Según la organización ecologista, el fallo que provocó el vertido fue "muy similar al que llevó a un desastre ambiental en 2014" y se produjo en una balsa situada al sur de la mina.
El vertido incontrolado de un gran volumen de aguas contaminadas con metales pesados descendió hasta el Rego de Tuixe, el Rego do Riás y acabó alcanzando la playa de O Riás, dentro de la ZEPA Costa da Morte, espacio protegido de la Red Natura 2000. Los daños ambientales fueron visibles a lo largo de todo el recorrido y obligaron al corte de la carretera local que une Leiloio y Aviño.
Ecoloxistas en Acción rechaza las explicaciones oficiales que apuntan a un accidente fortuito provocado por las intensas lluvias o por la existencia de una galería desconocida. La organización asegura que la galería por la que se vació la balsa "estaba perfectamente inventariada desde al menos 1998 en documentos oficiales de la propia Xunta".
Asimismo, vincula directamente el vertido con los trabajos de restauración impulsados por el Gobierno gallego y que comenzaron en diciembre de 2025. Durante estas actuaciones, sostiene la entidad, se realizaron importantes movimientos de tierras que desplazaron aguas contaminadas hacia una balsa que no reunía condiciones suficientes de estabilidad.
Parte de esas aguas, añade, deberían haber sido sometidas a tratamiento, un proceso que representa más de la mitad del presupuesto del proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation.
La organización ecologista también señala una "contradicción" entre los análisis oficiales realizados tras el vertido, que descartaron contaminación pocas horas después del episodio, y los efectuados tras la rotura de 2014, cuando Augas de Galicia confirmó la toxicidad de las aguas y lodos vertidos desde la misma mina.
Aquel episodio, ocurrido hace doce años, supuso el vertido de más de 24.000 metros cúbicos de aguas contaminadas y causó daños valorados en cientos de miles de euros, afectando gravemente a las parroquias de Aviño y Razo da Costa.
"No se produjo contaminación"
Frente a estas acusaciones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, negó este lunes que se haya producido contaminación ambiental. En respuesta a las preguntas de los medios tras el Consello da Xunta, aseguró que "no se produjo contaminación de ningún acuífero" y defendió la actuación del Ejecutivo autonómico.
Rueda señaló que el episodio "tiene mucho que ver con las lluvias de los últimos días" y subrayó que es necesario "determinar las causas y las medidas preventivas", apelando a la prudencia antes de extraer conclusiones. "Hay que esperar a las conclusiones para ver si hubiera que actuar en consecuencia", afirmó.
El presidente gallego recordó además que la Xunta ya estaba ejecutando obras en esa zona de la mina tras realizar análisis previos y exámenes de seguimiento. "En esta zona ya estábamos haciendo obras después de hacer un análisis. La Xunta actúa donde se determina que es necesario", insistió, criticando que la denuncia se haya presentado "sin esperar siquiera a un examen técnico".
Por su parte, Ecoloxistas en Acción solicita al juzgado la apertura de diligencias previas, la realización de tomas de muestras y análisis independientes de las aguas y sedimentos, así como el requerimiento de toda la documentación administrativa y técnica relacionada con la mina, las obras de restauración y las autorizaciones de vertido. La organización ha anunciado también su intención de personarse como acusación popular en el procedimiento.