El futuro de la antigua cárcel provincial de A Coruña ha experimentado este martes un nuevo revés judicial. La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación que había interpuesto la Abogacía del Estado, en representación de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
En el fallo se confirma la sentencia dictada en noviembre del 2024 por el juzgado de primera instancia número 5 y exime, por ahora, al Concello de hacer frente a una reclamación económica que llegaba a rozar los 15 millones de euros.
Desde el Concello insisten en que mantienen abierto el diálogo con el Estado para resolver la titularidad de la antigua cárcel. Asimismo, valoran de forma positiva la sentencia dada a conocer este martes que respalda la posición del gobierno municipal.
"La negociación con el Gobierno de España se está produciendo con discreción, y antes de agosto se prevé una nueva reunión entre el gobierno local y el Gobierno de España", señalan.
El PP señala que fueron los primeros en cuestionar la validez del acuerdo
El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, ha defendido que su formación fue la primera en cuestionar la validez del convenio sobre los terrenos de la antigua cárcel, asegurando que "el Partido Popular cuando gobernó fue el primero en decir que ese convenio no era válido", al considerar que se trata de suelo municipal que ya fue cedido en su momento y que, por tanto, "no podemos pagar dos veces por ellos". En este sentido, ha recordado que el anterior intento de acuerdo para abonar una compensación al Estado no salió adelante tras la oposición de los populares.
Lorenzo ha señalado además que "los tribunales nos dan la razón" al entender que no procede ese pago, insistiendo en que el terreno debe revertir al Concello. A partir de ahí, ha instado a la alcaldesa a negociar con el Gobierno central una solución alternativa y ha reclamado que se reconozca el deterioro del inmueble, afirmando que "ustedes son los responsables de ese deterioro" y que "tienen que darnos la cárcel y llevar una aportación económica para ponerla bien".
El BNG celebra el fallo: "El convenio es nulo"
El Bloque Nacionalista Galego ha reaccionado a este hecho con rapidez. Por mediación de su portavoz y candidata a la alcaldía, Avia Veira, el partido frentista recuerda que este fallo, que celebran, "confirma que tal y como defendió siempre la formación nacionalista, que el convenio firmado en su día entre el Ayuntamiento y el Estado es nulo y establece que la restauración del inmueble, en estado ruinoso, tendrá que correr a cargo del Estado, como también sostuvo el Bloque".
"Recordemos que en un pleno extraordinario celebrado en diciembre de 2022 se rechazó el acuerdo extrajudicial negociado por el Gobierno Local con el Estado. En esa sesión plenaria, el BNG naturalmente votó en contra de ese acuerdo por implicar un desembolso económico para el Ayuntamiento", sentenció.
Antecedentes
Un pacto de 2005 establecía que A Coruña cedía al Estado los terrenos que actualmente ocupa el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago, cercanos a la cárcel, a cambio de que la prisión pasase a manos municipales con el pago de un millón de euros. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña de noviembre de 2024 calificaba el acuerdo de ilegal al considerar los terrenos cedidos como de interés público.
Aunque, el Estado rechazó ceder de forma gratuita la cárcel al Concello y exige el pago de ese millón de euros previsto en el pacto. En 2021, el gobierno local propuso en pleno un acuerdo para recuperarlo por 2,3 millones de euros, una medida que contó con el voto en contra de toda la oposición. Tres años después, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) reclamó al Concello el pago de 15 millones de euros por varios conceptos e intereses.
De manera paralela a este proceso, organizaciones como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica han instado a Interior a realizar actuaciones para el mantenimiento de la antigua cárcel, que se encuentra abandonada y muy deteriorada y su ubicación, además, está en el entorno de la Torre de Hércules, Patrimonio Mundial. En junio del año pasado, el pleno municipal acordaba abrir un expediente sancionador contra el Estado por cómo está el edificio.