El portavoz del Grupo Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha anunciado la presentación de dos mociones al Pleno municipal de este jueves para reclamar un nuevo cuartel de la Policía Local y mostrar el apoyo a los trabajadores de las concesionarias municipales, a los que acusa de estar "abandonados" por el gobierno local.
En materia de seguridad, Lorenzo explicó que la iniciativa busca dotar de más y mejores medios a la Policía Local, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, una situación que, según afirmó, preocupa especialmente a vecinos, comerciantes y hosteleros.
"Queremos un cuartel del siglo XXI para una Policía municipal del siglo XXI", subrayó el portavoz popular, insistiendo en la necesidad de recuperar la Policía de Barrio y reforzar los recursos humanos y materiales.
La moción plantea la construcción de un nuevo cuartel bien ubicado y con accesibilidad universal, que cuente con amplitud, equipamiento multifuncional, nuevas tecnologías y una ventanilla de atención ciudadana en condiciones.
Lorenzo defendió una localización estratégica, con buenos accesos de entrada y salida de la ciudad, proximidad a otros servicios de emergencia y capacidad para responder con rapidez a las necesidades de todos los barrios.
El líder del PP local criticó además el estado de las actuales instalaciones de la calle Tui, señalando que no cumplen con los requisitos estructurales ni técnicos de un edificio moderno, carecen de accesibilidad universal y presentan una notable falta de espacio para agentes, material, vehículos y unidades especializadas.
Apoyo a los trabajadores de las empresas concesionarias
La segunda moción presentada por el Grupo Popular se centra en el apoyo a los más de mil trabajadores de las concesionarias municipales, empleados de servicios sensibles que, según Lorenzo, "sufren el abandono del gobierno municipal, que elude su responsabilidad como garante de las condiciones laborales".
El portavoz exigió a la alcaldesa, Inés Rey, que cumpla con su obligación de controlar las condiciones laborales, garantizar el pago puntual de las nóminas y asegurar la normal prestación de los servicios.
Lorenzo recordó que los impagos y conflictos laborales no son hechos aislados, citando precedentes en distintos servicios municipales desde 2022 hasta 2025, y denunció un modelo de gestión que genera precariedad, inestabilidad y deterioro del servicio público.
"El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar servicios públicos de calidad y respetar los derechos de quienes los hacen posibles", recalcó.
Entre las medidas concretas, el PP propone realizar en un plazo de tres meses una auditoría social y laboral de todos los contratos de servicios municipales y endurecer los pliegos, obligando a las adjudicatarias a justificar mensualmente el pago de las nóminas y a responder de los salarios impagados incluso en caso de resolución del contrato.