El pleno del Ayuntamiento aprobó de manera definitiva la nueva ordenanza reguladora de la tasa de basura, que actualizará los términos fiscales del coste de recogida, gestión y tratamiento de residuos.
La medida, ya aprobada de forma inicial el pasado mes de julio, busca trasladar los costes reales del servicio a los ciudadanos y cumplir con la transposición de una directiva europea que exige que ningún servicio público se preste de manera deficitaria.
Según explicó el concejal de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, "tras la aprobación inicial se abrió un periodo de participación pública, donde solo constan dos alegaciones al conjunto del articulado, una de ellas del PP. Lo que sabe la mayoría de gente informada es que estamos cumpliendo la transposición de una directiva comunitaria. Hay un tiempo para hacerlo, estamos en el límite en el año 2025, y cabe recordar que fue el propio Ayuntamiento de Madrid uno de los primeros en aplicarla".
El coste contemplado por la ordenanza, señaló el edil, "está por debajo de la mitad de lo que sufraga cualquier ciudadano con sus impuestos".
El nuevo modelo fiscal combina una cantidad fija con una cuota variable según consumo de agua y ruta de recogida, conforme al contrato vigente de recogida de basura. "La variable se incluye para que familias con menos miembros y menor generación de residuos paguen menos. Buscar un equilibrio es algo que persigue cualquier administración: se intenta acertar, pero también cumplir obligación legal", añadió Lage.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, destacó varios puntos de la negociación para la aplicación de esta medida europea, destacando "as dúas alegacións presentadas" y "a obriga dos empresarios, que aínda que discrepen na ordenanza, recoñecen do cumplimento da obriga legal de que os cidadán paguen segundo o custo".
En contraposición, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó la medida: "Esta norma fiscal pretende subir la tasa de basura un 43% a todos los coruñeses. No se discute el coste, sino la calidad: los coruñeses no tenían que pagar, deberían ser indemnizados. Cobran más por servicios que no se prestan". Lorenzo añadió que la ordenanza "no cumple el espíritu de la ley, que pide reducir residuos en origen y aumentar el reciclaje. Además, se añaden partidas no vinculadas al servicio, como alcantarillado o vertederos antiguos".
Lage Tuñas respondió asegurando que "desde el gobierno local no solo tenemos en cuenta sus reflexiones, sino que tomamos decisiones estructurales para asegurar una evolución positiva que permita un grado más elevado de cumplimiento. La subida no se hace de golpe, sino progresivamente, para que el impacto sea menor y se adapte a los contratos y políticas de reducción de residuos".
El pleno sirvió también para recordar la importancia de avanzar hacia un modelo de economía circular: "La ordenanza prevé reducciones por compostaje, entregas en puntos limpios, buenas prácticas y adecuada separación de residuos. Nuestro objetivo es que personas y empresas reduzcan, reciclen y reutilicen, y que nadie pueda verter sin control", recordó Jorquera en su turno de palabra.
La ordenanza quedó aprobada de forma definitiva con el beneplácito del PSOE y BNG.
El nuevo coste
En el año 2026, esta cantidad fija será de 60,98 euros, a la que se sumará una parte variable según los metros cúbicos de agua consumidos mensualmente.
Tanto la parte fija como la variable experimentarán actualizaciones progresivas hasta el año 2028, para que la tarifa de recogida de residuos en la ciudad se adapte a la normativa de la UE, tal y como están haciendo todos los municipios del país.