Los vecinos del barrio de Agra do Orzán, en A Coruña, empiezan a ver la luz al final del túnel en su larga lucha por disfrutar del Parque del Observatorio y que se ejecuten las obras necesarias. Este jueves, el Pleno municipal extraordinario ha dado luz verde al convenio urbanístico que permitirá al Concello seguir avanzando hacia su creación.
A principios de junio, el Concello logró la concesión de los terrenos del parque del Observatorio por parte del Estado. Esto abrió el camino para la licitación del derribo de los muros de las calles Canceliña y Páramo, un paso clave para abrir la nueva zona verde.
Y ahora, se aprueba un convenio que, además de dar cumplimiento a una sentencia firme del TSXG —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, el antiguo solar de las Adoratrices—, permitirá al Concello obtener la cesión gratuita de más de 3.000 metros cuadrados que se destinarán como zona verde y espacio libre de uso público, y que además será urbanizado por la promotora que ostenta la titularidad de dicho ámbito.
Esta superficie que se gana con la firma del convenio se sumará a la que ya obtuvo el Concello con la concesión de los terrenos estatales.
"Estamos hablando de espacios verdes que son una necesidad urgente para el barrio de A Agra. Tanto por su densidad de viviendas como por la carencia de espacios abiertos, es necesario dar respuesta a una demanda histórica del vecindario y ganar en calidad ambiental, más zonas de ocio y descanso. Además, evitamos costes judiciales y posibles indemnizaciones cumpliendo con el dictamen del TSXG", explicó el portavoz del Gobierno municipal.
El convenio aprobado hoy en el Pleno también contempla la apertura de un nuevo acceso peatonal y visual al parque del Observatorio desde la calle Gregorio Hernández, una vieja demanda del barrio. "Esto va a permitir conectar el parque con el tejido urbano, haciéndolo más accesible, más visible y más útil para el vecindario", señaló José Manuel Lage.
Además, el texto deja abierta la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo público, algo fundamental en un barrio que sufre una notable falta de plazas de estacionamiento. El convenio prevé que, de llevarse a cabo esta actuación, la urbanización de la superficie esté coordinada con las obras del aparcamiento, sin coste adicional para la administración local.