El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen reciente.
La inmunidad parlamentaria, una herramienta en manos de Puigdemont
La UE debería haber evitado que la inmunidad parlamentaria fuera utilizada por Puigdemont para sortear graves responsabilidades penales pendientes.
Los medios españoles han publicado durante los últimos días docenas de brillantes exposiciones sobre el tema del momento, la Ley de Amnistía y la (en su virtud) investidura del presidente del Gobierno.
Laura Borràs, Jordi Turull, Carles Puigdemont y Míriam Nogueras, en Bruselas durante la negociación del pacto de investidura con el PSOE. Europa Press
Como muy poco podría agregarse a lo ya dispuesto por las máximas autoridades del Derecho de nuestro país, hablaré de una de las causas (no puede desde luego afirmarse que sea la única) del mal causado. La inmunidad parlamentaria a que se ha venido acogiendo todos estos años Carles Puigdemont para evitar ser extraditado a España y juzgado por los hechos perpetrados el 1 de octubre de 2017. Su coartada insuperable.
Una prerrogativa parlamentaria concedida por una Unión Europea que se ha rendido temporalmente a las plegarias de un prófugo de la justicia española. Y lo ha hecho durante el tiempo suficiente para poder propiciar los acontecimientos a los que, incrédulos, asistimos hoy.
Porque si algo está claro, es que los hechos pretéritos son los que dibujan el camino hacia el presente.
"El caso de Puigdemont se ha convertido precisamente en aquello que el fundamento teórico de la inmunidad parlamentaria pretendía evitar"
El Parlamento Europeo señala desde hace tiempo que la inmunidad parlamentaria "no es un privilegio personal de los diputados, sino que garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria".
No parece del todo descabellado que una institución que en el pasado pudo resultar conveniente para proteger a los miembros del Parlamento de detenciones o persecuciones judiciales espurias orquestadas por el gobierno autoritario de turno para reprimir su libre expresión pueda resultar inútil doscientos años más tarde para tales menesteres. Al menos en el contexto de las democracias europeas modernas.
Pero no ocurre sólo que dicho tradicionalismo histórico podría ser incapaz de servir hoy al fin para el que fue promulgado, sino que, en cambio, permite burlar la democracia, actuando como instrumento al servicio de quien pretende sustraerse del imperio de la ley y la acción de la justicia.
El caso se ha convertido precisamente en aquello que el fundamento teórico de la inmunidad parlamentaria pretendía evitar, pues ni ha existido una persecución tiránica del gobierno contra él (muy al contrario, al Ejecutivo no le fue mal su huida) ni la inmunidad a la que ha pretendido acogerse como eurodiputado le protege de una amenaza ilegítima que le impidiera expresarse libremente en el Parlamento Europeo.
Los hechos y su cronología no mienten. El proceso judicial español no se incoó con la intención de dañar la actividad parlamentaria del político independentista. Los hechos fueron cometidos por el expresidente catalán en 2017, y su condición de miembro del Parlamento Europeo (discutible al no haber jurado en España la Constitución por estar fugado) no la obtuvo hasta mediados de 2019.
Seamos honestos con lo vivido. Lo que la inmunidad parlamentaria provisional o ad cautelam le ha permitido a Carles Puigdemont no es otra cosa que pasear a sus anchas por territorio europeo durante estos últimos años.
Tiempo que ha dedicado a distribuir publicidad engañosa de una ilusoria persecución de la cúpula judicial española hacia su persona por sus ideales políticos, jactándose de sus apriorísticas victorias ante unos tribunales europeos que, en un ejercicio de garantismo que ahora cuesta digerir, le otorgaron al separatista catalán la inmunidad temporal mientras se resolvían los avatares procesales pendientes.
"Los ciudadanos hemos contemplado con desconfianza e incertidumbre cómo la figura jurídica de la inmunidad ha protegido a un individuo que escapó de la justicia de su país"
Y aunque al final del camino Puigdemont hubiera acabado siendo extraditado a España para ser juzgado por los presuntos delitos cometidos el 1-O, pues no hay persecución política que valga, lo cierto es que la confirmación por la justicia europea de esta evidencia (todavía pendiente hoy de la última palabra del TJUE) ha llegado tarde, muy tarde. El daño ya está hecho.
No sería consecuente con la realidad negar la complejidad del Derecho europeo, repleto de aristas, recovecos y sometido a unos tediosos despachos procesales que se dilatan sine die.
Pero también es innegable que los ciudadanos hemos contemplado con desconfianza e incertidumbre cómo la figura jurídica de la inmunidad ha protegido a un individuo que escapó de su país a espaldas de sus compañeros de causa cuando sus asesores le advirtieron de que el artículo 155 de la Constitución no era un juego de mesa.
Para evitar ser privado de libertad y continuar disfrutando de una buena copa de vino en su mansión de Waterloo, concurrió a las elecciones europeas, agarrándose como una lapa a su escaño de europarlamentario.
A Europa le ha faltado un mecanismo capaz de evitar que pudieran operar instantáneamente las garantías de la inmunidad parlamentaria de forma sobrevenida y retrospectiva cuando dicha institución es aprovechada por quien la reclama como mera zambomba instrumental para sortear graves responsabilidades penales pendientes.
A veces se gana y otras (muchas) se aprende.
*** Beatriz Carballo España es abogada penalista.
