Tal y como detalla la encuesta de hoy de SocioMétrica-EL ESPAÑOL, en dos meses Pedro Sánchez le ha recortado 9 escaños a Alberto Núñez Feijóo. Aun con este crecimiento debilitado, el PP le sacaría 35 escaños al PSOE.

No obstante, Feijóo estaría lejos de la mayoría absoluta. El PP necesitaría sumar sus 131 escaños a los 50 de Vox, que también ha sufrido una caída con respecto a los sondeos previos a la crisis abierta por Macarena Olona. Un escenario de lo más indeseable para el espectro político moderado.

Es Sánchez, con todo, quien tiene encima los mayores quebraderos de cabeza en lo que le queda de mandato. Con estos resultados, el PSOE no podría mantener la coalición de izquierdas que sostiene a su Gobierno con Unidas Podemos. Y si esta tendencia se mantiene, estaríamos ante un empate técnico para las municipales del año próximo.

Dado que todo está abierto, los ciudadanos se van a fijar especialmente en lo que haga el presidente en lo que queda legislatura. Y son cuatro los asuntos que, en función de las decisiones de Sánchez, harán inclinarse la balanza en su favor o en su contra.

Ley Trans

La interminable disputa levantada en torno a la Ley Trans sigue tensando la convivencia dentro del Ejecutivo y dentro del propio PSOE. Las cosméticas enmiendas presentadas por los socialistas dejan intacta la raíz de la polémica, el principio de la libre autodeterminación de género.

En un asunto tan capital para el feminismo, el PSOE tendrá que aclarar cuál es su posición. Si en la Ley Trans acaban prevaleciendo las tesis de Carmen Calvo, Amelia Valcárcel o la exministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández, entrevistada hoy por EL ESPAÑOL. O si, por el contrario, acaba pesando más la opinión radical de una recién llegada Irene Montero, que atesora muchos menos galones en la lucha por la igualdad que estas históricas feministas socialistas. 

Lo más sensato sería que Sánchez escuchase a referentes como Fernández, quien le ha pedido que "no tenga prisa con la Ley Trans", y que "no escuche a Irene Montero" para respaldar con su voto una norma que "olvida a las mujeres".

Impuesto a la banca

El dictamen desfavorable del Banco Central Europeo del pasado viernes ha supuesto un serio toque de atención al Gobierno por su impuesto a la banca, que el BCE considera contraproducente y peligroso. En su estilo obstinado y temerario habitual, Sánchez aseguró ayer que su Ejecutivo va a seguir adelante en un tributo al sector bancario que puede generar daños en la rentabilidad, la competencia, la solvencia y la concesión de crédito.

La justificación para eludir la crítica del BCE al impuesto es que el exministro del PP y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, estaría detrás de un informe con sesgo político. Pero, como aclaró este periódico, el dictamen fue redactado y aprobado por unanimidad por el consejo del BCE.

¿Acaso pretende Sánchez hacer creer a los ciudadanos que los 25 miembros son, en sus propias palabras, "corifeos del neoliberalismo"? Tal vez esta retórica sirva para alimentar la cohesión de sus bases. Pero el presidente está haciéndose trampas al solitario: si el BCE fuera un inflexible acreedor "neoliberal", no se habría dedicado a comprar toda la deuda neta emitida por España. Y, entonces, Sánchez estaría en una situación igual o peor que en la que se vio José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Griñán, ¿indulto o prisión?

Será importante saber también qué hará finalmente el Gobierno con relación al caso de José Antonio Griñán. La postura que ha mantenido hasta ahora Sánchez (que con la condena a Griñán "pagan justos por pecadores") se ve comprometida por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción de ayer. Una argumentación que, significativamente, es la misma del auto con el que el Tribunal Supremo denegó a los ex altos cargos socialistas Vera y Barrionuevo la suspensión de la pena de prisión.

Con esta petición de que Griñán entre inmediatamente en la cárcel, ¿acelerará también el Gobierno los trámites para la concesión del esperable indulto? En su decisión, Sánchez tendrá que ponderar la lealtad del clan socialista hacia su malogrado expresidente con el cálculo electoral de una medida de gracia abrumadoramente impopular entre la ciudadanía.

Rebaja de la sedición

No es menor la patata caliente que Sánchez tiene entre las manos a cuenta de la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición. Otra instrumentalización de la justicia para congraciarse con quienes han infringido la ley rechazada ampliamente por los españoles.

Una cuestión que no es independiente del bloqueo en el Poder Judicial. Después de que Feijóo hiciera naufragar la renovación del CGPJ, el atasco se ha reproducido ahora en el Tribunal Constitucional (TC). Los vocales del órgano de gobierno de los jueces se propusieron sacar adelante los dos nombramientos que les corresponden. Pero ahora la minoría progresista pretende imponer a los conservadores la designación de José Manuel Bandrés como propuesta innegociable. Si la minoría se enroca en imponer un candidato que despierta recelos en el resto de vocales, lo más probable es que tampoco haya acuerdo en el TC.

A la vista de esta inadmisible parálisis institucional, que amenaza con extenderse, lo más lógico sería que Sánchez aparcase la controvertida reforma de la sedición, salvando así el escollo que hizo levantarse de la mesa a Feijóo para retomar las conversaciones y renovar el CGPJ.