No, no es "la casa de Maricarmen"

Debo de ser una mala persona, porque no creo que Maricarmen sea una víctima.

Tampoco creo que lo sea Urbagestión, la empresa que gestiona el piso en el que vive Maricarmen.

Mejor dicho, Urbagestión es víctima de las tácticas de presión política, callejera y mediática de la izquierda. Y muy especialmente del Gobierno, que les ha llamado "pyme buitre carroñera".

Porque si eso no supone una licencia gubernamental para el linchamiento, ¿qué lo es?

Pero Urbagestión no es víctima de la legislación inmobiliaria actual como sí lo son, por ejemplo y de forma muy clara, los propietarios que tienen casas okupadas o inquiokupadas.

Por partes. Urbagestión compró en 2018-2020 (las fechas bailan) un piso con inquilino de renta antigua. Gracias a ello pagó un precio inferior al de mercado.

Comprar un piso en el Retiro de Madrid, en Sainz de Baranda, de 93 m2, por 240.000-247.000 euros cuando su precio de mercado real era de aproximadamente 400.000 euros en 2018-2020 no es una operación menor: es una inversión muy rentable.

Hoy, en 2026, ese piso vale aproximadamente 800.000 euros. Nada mal para una inversión, hace sólo unos años, de menos de 250.000 euros.

La ley de arrendamientos, las subrogaciones y el régimen de renta antigua, es cierto, crean un mercado absurdo: el propietario cobra muy por debajo del mercado y el inquilino acumula un derecho que no es propiedad, pero que se le parece mucho.

En la práctica, hay gente viviendo casi toda su vida en un piso como si fuera su propietario, pero sin serlo en realidad y a cambio de una renta mensual ridícula.

Ese privilegio franquista destruyó el mercado inmobiliario en los años 60 y 70 (un destrozo sólo camuflado por el desarrollismo constructor) y provocó que los propietarios dejaran de mantener sus propiedades ante la imposibilidad de rentabilizarlas.

Las consecuencias de ello todavía pueden verse en los pisos de hoy, que conservan en muchos casos estructuras y calidades de los años 60 y 70 del siglo pasado como si no hubieran pasado cincuenta años.

La supervivencia del putrefacto gotelé, ese icono del subdesarrollo arquitectónico cuya única función era disimular las imperfecciones de las construcciones baratas, es una de esas consecuencias.

Que Maricarmen se aprovechara de las leyes para alargar su contrato de renta antigua hasta que la cosa no daba ya más de sí no es culpa de Urbagestión, pero tampoco de Maricarmen: es culpa de un mercado inmobiliario absurdo y de una legislación tercermundista.

España incentiva la destrucción de su propio mercado inmobiliario mientras finge preocupación por la crisis de la vivienda.

Tampoco me sirve la excusa de que Urbagestión no sabía que el piso tenía inquilino hasta que ya se había formalizado la compra: ni parece creíble que no conocieran ese dato ni un precio de menos de 250.000 euros es imaginable si no hay alguna pega de por medio en forma de inquilino o de okupa.

Ninguna ley obligaba a Urbagestión, por supuesto, a esperar a la muerte de Maricarmen para sacar rentabilidad de su propiedad.

Pero hay un sentido intuitivo de la justicia financiera que dice que si has pagado un precio X por una propiedad con un descuento de seis cifras, precisamente porque estás especulando con una victoria rápida en el pleito sobre la subrogación, toca aguantarte hasta que el inquilino desaloje por voluntad propia o por eso que los cursis antiguos llamaban "el hecho biológico".

"Compré un contrato vencido según mi lectura de la ley y fui a juicio" es una táctica legal. Pero toca apechugar con las consecuencias: los juicios son lentos y los inquilinos presentan resistencia.

Además, no es lo mismo echar a un okupa, un delincuente desde todos los puntos de vista, que a un inquilino de renta antigua, por muy dudosa que fuera la subrogación de su contrato.

Maricarmen, además, ha seguido pagando su alquiler religiosamente, lo que parece demostrar que su voluntad no era vivir "gratis total" en el piso.

Pero si Urbagestión es una pyme buitre carroñera, como dice la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, entonces es la peor pyme buitre carroñera de la historia de España, porque ha acabado aceptando un alquiler de 500 euros por un piso en el centro de Madrid que podría alquilar por cinco veces más.

En cierta manera, la privilegiada es Maricarmen, que lleva toda una vida viviendo en un piso del centro de Madrid con un alquiler que ya debía de ser barato en 1970, hace 56 años.

Me da igual si Maricarmen es buena o mala vecina o si ha gestionado bien o mal sus ingresos. Ese es su problema y el de sus vecinos. Allá la izquierda con la calidad humana de la gente a la que escoge como símbolos.

Tampoco tengo tan claro que hubiera sido fácil para ella comprar su piso en 2018, cuando se le ofreció, por 240.000 euros. Sin más datos acerca de su patrimonio y sus ahorros, una pensión de 1.300-1.450 euros no da para comprar un piso ni de 240.000 ni de 100.000 euros. Su edad, además, lo impedía: ningún banco le hubiera financiado una hipoteca.

Insisto: sin más datos, y si su pensión es su único ingreso, Maricarmen no podía comprar ese piso. Otra cosa son los rumores sobre patrimonios ocultos, propiedades en la playa y viajes semanales. No voy a especular sobre eso.

"¿En qué se ha gastado Maricarmen el dinero que ha estado ahorrándose cada mes a costa de sus arrendadores?", dicen algunos. Es un comentario injusto. Si Maricarmen pagaba 450 euros mensuales aproximadamente (200 en alquiler y 250 en suministros), le quedaban menos de 1.000 para vivir. No es precisamente un sueldazo ni permite mucho ahorro.

Los propietarios con inquilinos de renta antigua, es cierto, "subvencionan" a estos a costa de su patrimonio. Pero no es una transferencia de renta directa, sino un lucro cesante o un coste de oportunidad.

Otro punto interesante. Maricarmen no se ha saltado la sentencia: el 23 de septiembre se ejecutó su lanzamiento.

El privilegio no es por tanto judicial. Es mediático y municipal. Muy poca gente logra que, con la sentencia ya cumplida, el foco nacional y el alcalde de Madrid se pongan a negociar un contrato nuevo a su favor.

Privilegio es también que en tu caso haya intervenido el alcalde de Madrid. Porque si el alcalde hace acto de presencia cuando tú ya has sido desalojado, evidentemente no lo hace para presionarte a ti (porque tú ya estás fuera del piso), sino para presionar a tus arrendadores y forzarles a aceptar un acuerdo beneficioso para ti.

Y eso es, efectivamente, un segundo privilegio.

Me voy a abstener de comentar el teatro de Maricarmen y sus muñecos de Sol. Yo soy de esos que siente vergüenza ajena (real) frente a la teatralización y la impostura victimista, como la siento frente a la gente que baila Paquito el chocolatero, canta idioteces o pone voces infantiles.

¿Tiene derecho Maricarmen a vivir en ese piso? No, no lo tiene. Ni es su casa, ni tiene título legal para ello, ni puede pagarla.

¿Injusto? Sólo para quienes creen que existe un derecho a vivir en el centro de Madrid por 200 euros (o 500) al mes.

¿Es Urbagestión el Satán del mercado inmobiliario? Tampoco. Su mala suerte es haber sido escogidos como chivos expiatorios de la lamentable gestión que ha hecho el socialismo, tanto el del PSOE como el del PP, del mercado inmobiliario español.

Con Pedro Sánchez se ha desahuciado a más de 240.000 personas en ocho años y el caso de Maricarmen es el único que ha merecido una reacción de la izquierda como la de esta semana.

¿Injusto? Sí. Pero así son las cosas en España. ¡Haberle hecho la pelota al PSOE!

Y si no, mira qué bien le va a El Gran Wyoming, que teniendo diecinueve propiedades, dieciocho más que Urbagestión, no ha sido víctima de ninguna campaña de linchamiento, no ha sido llamado "buitre" por nadie y hasta puede permitirse el lujo de fingirse muy preocupado por los problemas de la vivienda en España.

¡Hay que aprender, hombre, hay que aprender!