La imputación de la directora general y del DAO de la Guardia Civil es una nueva señal de alarma sobre el estado de nuestras instituciones y sobre el grado de degradación al que puede llegar la vida pública cuando el poder se confunde con la impunidad.
Resulta imposible no trazar un paralelismo entre esta situación y lo vivido con el fiscal general del Estado. Como es difícil no hacerlo también con el caso Kitchen.
Álvaro García Ortiz fue sostenido contra viento y marea por el Ejecutivo, algo que sólo sirvió para tensionar de forma gratuita el clima político y social. Al final, terminó siendo condenado por el Tribunal Supremo.
El episodio supuso un desgaste sin precedentes para nuestra democracia. ¿Quién asumió la responsabilidad de haber alimentado aquel choque institucional? Nadie.
Hoy corremos el riesgo de asistir a un calco de aquella iniquidad. ¿Qué pasará si el día de mañana Mercedes González es condenada?
Pero el asunto también recuerda a lo acontecido en torno a Luis Bárcenas, el tesorero del PP, cuando la cúpula de Interior maniobró para evitar que tirase de la manta. La manta de Mariano Rajoy.
Estamos de nuevo ante el presunto uso de recursos de Interior para neutralizar información incómoda, pero en este caso elevado al cubo, porque el objetivo era desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO que investigan las tramas que afectan al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez.
El Gobierno ha reaccionado como suele hacerlo en estos casos: cerrando filas, blindando a los afectados y presentando la investigación como un ataque político. ¡A las barricadas! Todo vale si el objetivo es proteger al presidente.
Hace tiempo que la lealtad al partido se coloca por encima de la lealtad al Estado. Hace tiempo que las instituciones han pasado a ser meros instrumentos al servicio de Moncloa.
Insisto. Si el día de mañana Mercedes González es condenada, ¿qué explicación ofrecerán quienes hoy la sostienen? ¿Que no sabían nada? ¿Que todo era una exageración?
Para colmo del descaro, se da la circunstancia de que la responsable de la Guardia Civil procedió, igual que García Ortiz en su día, al borrado de mensajes potencialmente comprometedores de su teléfono.
Que quienes tienen la obligación constitucional de perseguir el delito se dediquen presuntamente a utilizar sus despachos para protegerlo es lo último que cabe esperar en un Estado de derecho.
Algunos ingenuos pensaron que con el episodio de las joyas de Zapatero el PSOE había tocado fondo, pero está visto que con Sánchez la degradación institucional es un suma y sigue.
Al Gobierno le sobran hoy propaganda y trincheras. Y España necesita de forma urgente ejemplaridad y respeto a la ley.