Las manecillas del BOE y la fabricación de respiradores

Entre varias medidas acertadas, la Comunidad de Madrid adoptó este viernes dos que, pese a partir de la mejor voluntad, comportan una grave deficiencia técnica y provocarán importantes problemas tanto a la administración como a los administrados. Se trata de la decisión de cerrar todos los registros públicos presenciales (se mantiene el electrónico) y declarar como días inhábiles a efecto de cómputo de plazos del 13 al 26 de marzo prorrogables. Aunque parezca un detalle procedimental adoptado desde la prudencia, su efecto de no anularse resultará muy perturbador.

Sin duda son tiempos extraordinarios que requieren medidas a la altura para evitar riesgos innecesarios al mayor número de empleados públicos o que ciertos ciudadanos pierdan derechos por no poder acercarse a un registro. Pero el diagnóstico es incompleto. Por un lado, hay administrados que se verán perjudicados por esta interrupción: al no cumplirse plazos no podrán avanzar en las solicitudes que hayan instado con el fin de obtener el reconocimiento de algún derecho, prestación o autorización.

Y aún más grave, las administraciones (y no solo las dependientes del gobierno regional, sino todas las que tengan su sede en la comunidad autónoma –ministerios, ayuntamientos…–) se encontrarían con que les han arrancado las manecillas del reloj con que pueden hacer avanzar cualquier procedimiento: desde un aprovisionamiento de urgencia, un concurso exprés para contratar personal de apoyo o sanciones que resulte perjudicial retrasar. Al agosto económico que vamos a sufrir durante muchas semanas se añadiría un domingo administrativo indefinido que paralizaría aún más el país, restando utilidad a la capacidad de teletrabajar que han desarrollado muchas administraciones.

Al agosto económico que vamos a sufrir se añadiría un domingo administrativo indefinido que paralizaría más el país

Esta decisión provocará además una compleja casuística de recursos que instalarían una notable inseguridad jurídica porque invade competencias estatales ya que el artículo 30.7 de Ley 19/2015 indica que el "calendario (de días inhábiles fijados por cada CCAA) deberá publicarse antes del comienzo de cada año". También el 16.7 indica que cada administración debe indicar cuáles son sus registros presenciales (y es dudoso que sea admisible que la lista consista en que no hay ninguno y menos para una administración tan amplia como la Comunidad de Madrid).

¿Significa esto que no se puede hacer nada más que resignarse a que los plazos administrativos avancen como si no estuviera ocurriendo nada? Afortunadamente no. Por un lado, cada administración tiene en su mano la suspensión o prórroga de ciertos actos incluso de manera genérica (por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya se habían suspendido hace unos días todos los procesos selectivos de personal laboral), con lo que se obtiene los mismos objetivos pero sin causar los daños colaterales de la declaración generalizada de días inhábiles.

Además, el Gobierno de la Nación (que es el nivel competencial para decir sobre el procedimiento administrativo común) podría tomar alguna decisión para todo el país que busque un equilibrio entre la menor productividad que tendrán las administraciones y las empresas pese al teletrabajo y evitar una paralización que perjudicaría a todos. Por ejemplo, podría disponerse que, sin añadir días inhábiles, los plazos restantes en todos los procedimientos se alargasen al doble salvo los declarados de urgencia.

La salud es absolutamente la prioridad. Los trabajadores de ese sector son nuestra primera línea en el frente. El resto de la nación debemos respaldarlos y lo más importante que podemos hacer es retrasar las infecciones, lavándonos las manos y reduciendo al mínimo el contacto social. Pero eso no significa –y menos en una sociedad tan avanzada en los medios digitales– que el país deba parar. Que la retaguardia nos mantengamos tan activos en lo útil como podamos permitirá que la economía caiga lo menos posible, lo cual puede ser clave para asegurar las costosas medidas sociales que irán siendo necesarias según avance la crisis.

Los trabajadores de ese sector son nuestra primera línea en el frente. El resto de la nación debemos retrasar las infecciones

Al igual que la administración debe resistirse a arrancar las manecillas del BOE, el sector privado también debe mantener la actividad que no aumente el riesgo sanitario, teniendo por supuesto en cuenta la merma de productividad de los trabajadores afectados por sus condiciones personales como el cuidado de sí mismos, de niños o mayores. Es más, podemos también pensar con generosidad y voluntad innovadora si hay ideas que se puedan poner en marcha precisamente ahora.

Un buen ejemplo ha sido la llamada de COTEC para intentar movilizar competencias para un cuello de botella en esta crisis, la disponibilidad de respiradores artificiales. Los dispositivos que se utilizan en los hospitales están realizados con un exigente control de calidad y monitorización electrónica para asegurar un funcionamiento muy fiable, pero la base del funcionamiento mecánico es muy sencilla: un pequeño motor, válvulas y tubos para insuflar aire y eventualmente oxígeno. Pese a nuestras mermadas capacidades industriales no sería difícil fabricarlos incluso en talleres de las universidades o centros de formación profesional, aunque luego al usarlos en pacientes fuera necesario una vigilancia humana más continua para asegurar que ajustarlos o limpiarlos. Además de cada ingeniero o experto en mecánica, o quienes tengan recursos que aportar, los “cuerpos intermedios” como colegios y asociaciones profesionales podrían tener un importante papel durante la epidemia para canalizar e integrar esas competencias dispersas. Y se pueden encontrar ejemplos en muchos otros sectores.

Esta crisis nos está demostrando que tendremos que adaptar nuestro contrato social y fortalecernos como Nación. La mejor manera de no olvidarnos, cuando todo este pase y tengamos ganas de pasar página, es empezar ya. Españoles, a las cosas.

*** Víctor Gómez Frías es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, fundador de ’La España que reúne’ y consejero de EL ESPAÑOL.