Rajoy ha visto frustrada su intención de nombrar a Jorge Fernández Díaz presidente de la Comisión de Exteriores y también de recolocarlo, in extremis, en la presidencia del Tribunal de Cuentas. Finalmente, en un episodio ciertamente ridículo y rocambolesco, ha podido situarlo al frente de la Comisión de peticiones del Congreso, de rango menor, una de las dos únicas comisiones en las que decide el voto del grupo mayoritario.

El veto del Parlamento al exministro del Interior se asienta sobre sólidos argumentos políticos: hace sólo un mes la Cámara reprobó a Jorge Fernández por abusar de su posición para atacar a adversarios políticos. ¿Quién iba a entender que se le premiara ahora con una presidencia y con el plus económico que supone?

Rajoy ha mostrado una torpeza infinita en este asunto. Continúa actuando como si tuviera mayoría absoluta. Hizo algo parecido con Wert en la legislatura pasada, cuando garantizó al exministro un retiro de lujo en París pese a la crítica general.

Esa soberbia supone dar una nueva baza a Podemos, que ahora puede colgarse la medalla de haber obligado al PP a dar marcha atrás y reubicar a Jorge Fernández de mala manera. Porque ha sido la posición firme de Pablo Iglesias la que ha llevado al PSOE y a Ciudadanos a reconsiderar su intención inicial de ponerse de perfil en el nombramiento del exministro. Eso habría confirmado que en el Parlamento sigue existiendo el viejo pasteleo de siempre.

En definitiva, este nuevo capítulo viene a confirmar que Rajoy continúa siendo una mina para Podemos.

Un indicio más de que Ribera Salud ocultó de forma premeditada a la Generalitat Valenciana el desvío de hasta 10,6 millones de euros en comisiones cobradas a sus proveedores es la celeridad con la que la consellera Carmen Montón ha exigido de urgencia al gigante de las concesiones sanitarias toda la documentación aludida por el EL ESPAÑOL nada más publicar esta exclusiva.

El director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa, puede seguir negando la mayor y alegando que las cuentas de su central de compras "son públicas porque están en el Registro Mercantil", pero difícilmente podrá defender la transparencia de su gestión a tenor del documento interno con el que instruía a los responsables de negociar con sus proveedores.

En el "protocolo de actuación", que se repartía a los jefes de servicio y de compras de sus hospitales, se subraya que "tan importante es conseguir el mejor precio [y/o] acuerdo de docencia como [la] aportación" para la central de compra. También que "es imprescindible que los proveedores entiendan que es necesario la firma de un contrato-acuerdo" que incluía indefectiblemente cláusulas de confidencialidad sobre los precios y rappel pactados. Y que "en caso de no llegar a acuerdos" con la central de compras "se buscarán alternativas (siempre que sea posible) a los productos de dicho proveedor".

Este tipo de órdenes tan explícitas resultan comprometedoras porque evidencian que se supeditaba la negociación sobre los precios de los medicamentos al cobro de las comisiones. No parece que la ocultación, el secretismo y el desvío de ganancias sean compatibles con la ejemplaridad que se espera del gestor de un servicio básico.