El abogado general de la UE considera ilegal el sistema de cálculo del canon digital de la Ley de Propiedad Intelectual de José María Lasalle. El dictamen supone un varapalo a la política cultural de Rajoy. Con toda probabilidad el próximo Gobierno tendrá que reformular la compensación a los autores, además de resarcirlos por los ingresos no percibidos desde 2012. La resolución, con todo, no puede interpretarse como un espaldarazo a las sociedades de gestión de derechos de autor. El abogado de la UE admite que la compensación por copia se cargue al presupuesto, como hace el Gobierno, pero considera ilegal tasar en cinco millones esta contraprestación a los autores "en lugar de ajustarla al perjuicio real sufrido". La arbitrariedad de la tasación que hace el Ministerio de Cultura pone de manifiesto la dificultad de estimar los derechos de autor por copia en un mundo con sistemas de reproducción y distribución cada vez más sofisticados. No se puede tratar de piratas a todos los usuarios de aparatos tecnológicos, sean estos soportes (teléfonos, CD, DVD...) o canales de internet. Cargar sobre las telefónicas el resarcimiento a los autores y que éstas lo repercutan a sus clientes es igualmente arbitrario. Es urgente reformular los conceptos de "canon" y "copia" y consesuar la compensación a los autores.

El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del desahucio de una viuda de Granollers por una deuda pendiente de sólo 106 euros -correspondiente a la tasa de basuras de 2011- pese a que desde 1963 ha pagado religiosamente su alquiler y todas las cuotas de IBI y de recogida de residuos desde 2008. La Ley de Arrendamientos Urbanos considera causa de rescisión del contrato de alquiler el impago "de cantidades asimiladas a la renta", y el Tribunal ha interpretado que en ellas se incluye el coste de servicios como la recogida de basuras. El Supremo sólo puede atenerse a la legalidad vigente y el fallo es impecable, pero basta aplicar el sentido común para concluir que una legislación que permite dejar en la calle a una anciana por omitir el pago de un solo recibo no se puede considerar equitativa. Es inevitable que un caso como éste ponga el foco en el drama de los desahucios de personas vulnerables. Resulta pues obligado que el Congreso de los Diputados, que preside Patxi López, se haga cargo de la revisión y modificación de la normativa sobre arrendamientos para impedir que puedan producirse situaciones como ésta.

La Policía está investigando si los pagos de Petróleos de Venezuela al hijo del diplomático Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se utilizaron para fines políticos. En declaraciones a este periódico, Alejo Morodo insiste en que los 3,8 millones de euros en comisiones que recibió de la petrolera estatal venezolana a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en Suiza se corresponden a supuestas labores de "asesoría jurídica" para "implantarse en España". Sin embargo esta explicación desafía la lógica. En primer lugar, los datos no cuadran, ya que Petróleos de Venezuela, que entonces dirigía Rafael Ramírez, no tiene actividad en España desde 2009, mientras que los pagos de PDVSA a Morodo van de agosto de 2008 a 2013. En segundo lugar, resulta inverosímil que una empresa pague casi 4 millones de euros en honorarios a una persona que nunca ha vivido en Venezuela ni tiene contactos en este país y que lo haga a través de una sociedad off shore gestionada por testaferros. La incapacidad de Morodo hijo para justificar sus tan bien remunerados trabajos acrecienta la sospecha de que los fondos acabaron en manos de políticos españoles.