La documentación aportada por el banco andorrano en el que expresidente de la Generalitat ocultaba su fortuna vuelve a dejar al descubierto el cinismo de Jordi Pujol. Los papeles en poder del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata certifican que en 2010 el patriarca del clan retiró en billetes y de una sola tacada la friolera de 1,1 millones de euros. Cuando la entidad le preguntó por el origen del dinero, Pujol alegó que se trataba de una herencia de la familia de su mujer. La versión que ofreció a Andbank no tiene nada que ver con la que ofreció en el Parlament hace un año, cuando atribuyó su cuenta en el Principado a un legado a su padre. El magistrado ha confirmado además que, en plena investigación, los Pujol transfirieron parte de su botín a Panamá y ha descubierto una donación de medio millón del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a una de sus hijas. El descaro y las tretas del ex molt honorable y su familia para eludir el cerco de la Justicia y esconder la fortuna amasada no tiene límites.

Pablo Iglesias irrumpió en el escenario político con la promesa de democratizar el funcionamiento de los partidos, pero a la hora de la verdad incurre en los usos de las formaciones tradicionales. La búsqueda e imposición de candidatos de relumbrón se ha convertido en una prioridad que echa por tierra los procesos de primarias y explica algunas rebeliones internas, como la que se ha saldado con la dimisión de toda la ejecutiva del País Vasco. Si hace unas semanas Podemos sacudía el mercado de fichajes electorales con el exJEMAD José Julio Rodríguez, ahora suma a sus filas a Juan Pedro Yllanes: el presidente de la Sala que va a juzgar a Cristina de Borbón en el caso Nóos. La inclusión de este magistrado compensa el intento frustrado de convencer al juez José Castro y confirma la predilección que tiene Podemos por juristas de renombre que refuercen su papel de azote contra la corrupción. El problema es que estos arreglos generan malestar en sus filas y restan credibilidad a su compromiso con la democracia interna.

La reunión del G-20 en Turquía ha terminado sin un acuerdo concreto en la lucha contra el Estado Islámico. La comunidad internacional coincide en que hay que redoblar los esfuerzos pero las diferencias sobre el papel que debe jugar Bashar Al Asad en el futuro de Siria y la oposición de Barack Obama a desplegar tropas sobre el terreno dificultan el consenso. Los líderes mundiales coinciden en que la seguridad pasa por una mayor coordinación, aunque es difícil valorar el alcance de este compromiso cuando Putin ha asegurado que hay potencias que financian a los terroristas, en alusión a Arabia Saudí. Resulta evidente que mientras no se combata en Siria e Irak no estará garantizada la derrota del Estado Islámico. Francia ha incrementado sus bombardeos, pero el recurso exclusivo de la aviación aumenta exponencialmente la posibilidad de que haya víctimas civiles. El G-20 debe alcanzar un acuerdo firme y concreto para aniquilar al Estado Islámico, tal y como François Hollande ha pedido a la UE apelando al tratado de Lisboa.