A cuatro días de las elecciones generales en España, Internet puede tener un papel vital en los resultados; y no sólo por las campañas electorales en los anuncios que vemos, o los movimientos organizados en redes sociales.

Internet puede ser el centro de un nuevo debate, después de la publicación de un nuevo decreto-ley en el BOE. No es raro que los gobiernos en funciones aprueben este tipo de leyes antes de que se organicen elecciones, y de hecho puede llegar a ser una herramienta propagandística.

Pero a simple vista, el decreto-ley 14/2019 publicado el día de ayer (pdf) no tiene nada destacable. Se centra en diferentes aspectos de la cesión de datos personales, especialmente entre administraciones; principalmente, para actualizar la ley a las regulaciones europeas.

Sánchez reacciona a la "república digital catalana"

La verdadera polémica está más oculta en el texto publicado en el BOE, concretamente en el capítulo IV, referido a las medidas de seguridad en materia de telecomunicaciones. Ahí es donde se encuentra la respuesta del gobierno en funciones a la llamada "república digital catalana", el plan del gobierno de Quim Torra para organizar una especie de estado paralelo a la comunidad autonómica catalana.

Efe

Ya sea mera propaganda independentista, o un serio intento de crear un gobierno alternativo, es motivo de debate. Pero desde el principio, los partidos constitucionalistas, PSOE, PP y Ciudadanos se han mostrado contrarios a esta idea; y en concreto, Pedro Sánchez prometió hace una semana hacer todo lo posible para vetarla.

El decreto-ley publicado ahora es la respuesta prometida de Sánchez, que podría tener consecuencias más allá de la lucha contra el independentismo. Porque este "decretazo", como ya ha sido calificado por sus críticos, habla de poderes que nunca ha tenido un gobierno democrático en España.

El gobierno podría cerrar webs

En concreto, el decreto modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para añadir más casos en los que el gobierno podría cerrar páginas web y bloquear servidores sin necesidad de una orden judicial.

Es algo que probablemente sonará a los lectores de Omicrono, ya que en realidad, esto no es algo nuevo. Desde hace años, el gobierno puede cerrar páginas web si considera que atentan contra la seguridad pública o la protección civil, además de en casos de "emergencias". Sin embargo, los defensores de este poder, tanto de los gobiernos del PSOE como del PP, afirmaban que la ley era sólo una salvaguarda para casos extremos, como el terrorismo.

Además, con la nueva LPI aprobada a principios de año, funcionarios del gobierno pueden cerrar webs sin autorización judicial ni presencia de un juez, en casos de infracción de derechos de autor.

Fernando Villar Efe

El nuevo decreto-ley amplía las posibles situaciones en las que el gobierno podría evitar el acceso a ciertos servicios. Los más llamativos son los casos de amenazas graves contra el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional; definiciones que podrían encajar con la creación de una posible "república digital" independentista.

Pero tal vez el añadido más polémico se refiere a los casos en los que el servicio cree problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios. Por lo tanto, el gobierno se ha adjudicado el derecho de cerrar páginas web que afecten a empresas privadas.

Sin necesidad de un juez

Que la descripción de estos casos sea tan genérica es el motivo de preocupación de los críticos de la ley. Y es que estas acciones pueden ser sólo administrativas, por lo que en ningún momento entraría el poder judicial. Un juez no tendrá que dar el visto bueno al cierre, y no tendrá que asegurar que no se vulneran derechos constitucionales como el de la libertad de expresión.

Eso no significa que el gobierno no vaya a tener consecuencias si usa estos poderes. Estas acciones pueden seguir siendo denunciables, pero el seguro que hasta ahora evitaba posibles cierres ilegales, la aprobación de un juez, ya no está.

Cómo el gobierno puede cortar Internet

El gobierno (incluyendo cualquier futuro gobierno) tendría el poder de cerrar cualquier web y cualquier servicio, sólo con decidirlo. Para conseguirlo, el gobierno se ha otorgado el poder de intervenir Internet en todas sus capas; por lo tanto, la respuesta puede variar dependiendo del caso.

El tipo más básico de bloqueo es a nivel de operador de Internet; es el que se suele usar en casos de infracción de derechos de autor, como el bloqueo a Pirate Bay y otras webs "pirata". El gobierno podría ordenar a las operadoras que no permitiesen el acceso al servidor en cuestión. La manera más sencilla de conseguir esto es modificando las DNS, usadas por nuestros navegadores para saber a qué dirección se tienen que conectar; sin embargo, es muy fácil saltarse este tipo de bloqueos. Por eso, la operadora podría directamente bloquear todas las conexiones al servidor directamente.

El caso más extremo implicaría que el gobierno ordenase cortar las conexiones directamente, ya estemos hablando de conexiones por cable o inalámbricas. Eso podría implicar dejar sin conexión a una parte de la población del país, al menos de manera parcial y temporal.

La publicación del decreto-ley es sólo el principio. Las consecuencias de que el gobierno obtenga semejantes poderes aún no están del todo claras; incluso la legalidad del texto está en duda. Ya hay contrarios al decreto, como los abogados de Bufet Almeida, que han prometido que lucharán contra lo que consideran un "estado de excepción digital".