Apple sigue sufriendo las consecuencias de la confesión de que ralentiza los iPhone antiguos cuando detecta que la batería no está en plenas condiciones. El principal problema está en el secretismo con el que tomó decisiones que afectaban directamente a los usuarios.

Un secretismo que se puede interpretar como que el verdadero motivo de reducir el rendimiento de los iPhone era hacer que los usuarios comprasen sus nuevos modelos. Al menos así es como lo han visto muchos usuarios, y ahora es la ley la que tendrá que tomar cartas en el asunto.

Facua pide una investigación contra Apple en España

Ayer os hablábamos de la investigación abierta por un fiscal francés contra Apple por obsolescencia programada. Y hoy le toca el turno a España, donde Facua ha pedido a la fiscalía que investigue si Apple cometió un delito al ralentizar los iPhone.

La organización de defensa de los derechos de los consumidores se centra por primera vez en la llamada obsolescencia programada; el acto de perjudicar productos ya vendidos para fomentar la venta de nuevos modelos. Es un concepto relativamente novedoso, tanto que ha precisado reformas legales en algunos países para poder ser perseguido.

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También es difícil de demostrar. No es casualidad que estas denuncias hayan llegado justo ahora; después de que la propia Apple haya admitido que su software reduce el rendimiento del procesador si detecta fallos en la batería.

A diferencia de Francia, España no tiene una ley específica contra la obsolescencia programada. Sin embargo, según Facua, Apple podría haber incurrido en varios delitos contra los consumidores.

En concreto, refiere a los artículos 278 a 286 del Código Penal; que prohíben la publicidad falsa y otras acciones en perjuicio del consumidor como el engaño. Además, también habla del delito de sabotaje informático incluido en 2015.

La falta de una ley modernizada, un obstáculo en España

Facua también ha criticado la actuación, o más bien falta de, de los organismos gubernamentales. Ni las autoridades autonómicas ni el gobierno central han anunciado ninguna actuación contra Apple, que pidió perdón a los usuarios y bajó el precio de sus baterías a 29 € después de que se descubriesen sus acciones.

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Puede que la falta de una ley adaptada a los nuevos tiempos haya echado atrás a las administraciones autonómicas y centrales; pero también es cierto que la reacción en España ante el escándalo ha resultado ser mucho más tibia.

Por el momento, la denuncia de Facua se realizará esta misma semana; entonces quedará en manos de la fiscalía tomar medidas legales.