Pedro Sánchez durante su comparecencia desde Moncloa.
Confirmado por el BOE: prohíbe que Uber, Airbnb y otros servicios suban precios durante emergencias como la de Urda
El Real Decreto-ley 32/2026 modifica la Ley de Consumidores para evitar abusos tarifarios de las plataformas tras catástrofes como el accidente en Urda.
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El trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), donde el choque entre un tren AVE y un Iryo resultó en 69 fallecidos y más de 200 heridos, ha puesto el foco en el problema de los precios dinámicos que usan las plataformas digitales de servicios como Uber o Airbnb.
Habitualmente, el precio ofrecido por estas apps es dinámico, y cambia constantemente basándose en algoritmos que calculan la oferta y la demanda en tiempo real; de esta manera, son capaces de dar el mayor margen posible al prestador del servicio, al mismo tiempo que ofertan precios competitivos para los consumidores.
Ese es el motivo por el que, por ejemplo, pedir el mismo Uber para el mismo recorrido puede tener un coste para el usuario muy diferente dependiendo de factores como la hora del día, la cantidad de coches libres disponibles, o la cantidad de peticiones recibidas.
Sin embargo, este esquema tiene un punto débil, como quedó demostrado en el accidente de Urda; como resultado del cierre del servicio ferroviario, una gran cantidad de personas pueden, al mismo tiempo, solicitar un viaje, pedir una habitación de hotel para pasar la noche hasta que puedan llegar a su destino original, o pedir comida.
Los algoritmos confunden esta situación con un incremento en la demanda real, lo que inevitablemente provoca una subida de precios, tanto para las víctimas de un accidente como para los afectados por el cierre, que puede ser desorbitada en comparación con las tarifas habituales.
La nueva medida publicada hoy en el BOE, el Real Decreto-ley 32/2026 del 3 de noviembre, pretende evitar esto.
Además de incluir un paquete de ayudas para las víctimas y sus familias, se introduce un blindaje legal para evitar abusos durante este tipo de catástrofes. En concreto, la disposición modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con la adición del artículo 20 ter.
El nuevo artículo prohíbe de manera expresa cualquier incremento del "precio final de venta de los bienes y servicios [...] en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras.".
La medida afectará más a los servicios de movilidad y alojamiento que funcionan con precios dinámicos; aunque el artículo no los menciona de manera expresa y técnicamente afecta a todo tipo de bienes y servicios, la introducción del Real Decreto explica que "la reducción de la oferta ferroviaria puede desplazar de forma inmediata una parte significativa de la demanda hacia otros medios de transporte y hacia servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados".
Como resultado, plataformas de transporte VTC como Uber y Cabify, y apps de reserva de hoteles y alquiler como Booking y Airbnb no podrán subir sus tarifas cuando se declare una emergencia.
Como referencia, se tomará el precio máximo al que se haya ofertado el servicio durante los 30 días naturales anteriores al evento que ha provocado la emergencia; en todo caso, el precio ofertado nunca podrá sobrepasar el 50% de la media de los últimos 30 días, incluso si el precio máximo ofrecido en ese periodo lo supera.
En caso de que un servicio suba los precios más del 50% en una situación de emergencia, la nueva normativa establece el derecho a la devolución automática de la cantidad cobrada por encima del máximo, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables.
Las empresas tendrán que adecuar sus sistemas para aplicar esta metodología para calcular los precios de sus servicios en caso de que se declare una emergencia; la medida no tiene un plazo fijo y durará lo que dure la situación de demanda anómala establecida por el Consejo de Ministros.