Estados Unidos no tiene una fama excelente en lo que a privacidad y ciberseguridad se refiere. Las agencias gubernamentales del país suelen recurrir a presiones para bien conseguir acceso a datos vitales o bien evitar que los usuarios tengamos una privacidad completa.

El ejecutivo de Trump, según cuenta esta exclusiva del Wall Street Journal, ha vuelto a caer en este tipo de acciones. Según el medio, el ejecutivo de Trump compró el acceso a una base de datos comercial que mapea los movimientos de millones de móviles en Estados Unidos y las está usando para aplicar mano dura a la inmigración y a la aplicación de la ley fronteriza.

Se basa en los datos de ubicación, que se obtienen con nuestras apps, juegos o servicios como apps del tiempo o compras online. Estos servicios tienen el permiso de nuestra ubicación totalmente activado, y Trump se está aprovechando de ello para rastrear inmigrantes y detenerlos.

Trump usa datos de localización sin permiso

Trump, este martes en el Discurso del Estado de la Unión Reuters

Según explica el WSJ, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha usado estos datos para detectar inmigrantes indocumentados y otras personas que puedan entrar ilegalmente a los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una división del DHS, también ha usado estos datos para identificar a los inmigrantes para luego arrestarlos.

Existen más ejemplos; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también está usando esta información, esta vez para detectar actividades inusuales en dispositivos móviles, rastreando el largo de la frontera mexicana con Estados Unidos. El uso de dichos datos por parte del Gobierno no se ha informado, aunque sea en el marco de acciones para aplicar la ley fronteriza.

Así lo demuestran los datos a los que ha tenido acceso el WSJ; los contratos de gastos federales, divisiones del DHS como esta que crea productos experimentales compró datos de ubicación de Venntel INC en 2017. El CBP  ha aegurado que tiene protecciones de privacidad y límites sobre cómo se usa la información y aseguran que sólo acceden a una pequeña cantidad de los datos, además de estar anonimizados. 

Otros datos que recogió el ICE y a los que tuvo acceso se usaron para rastrear organizaciones de contrabando de personas y drogas. No obstante, la división del ICE que gestionaba las deportaciones también tuvo acceso a esa información. Estos datos se usaron para detectar smartphones que se mueven a través de un túnel qque se creó por traficantes entre Estados Unidos y México, que terminaba en la salida de un Kentucky Fried Chicken.

iPhone bloqueado. NeONBRAND Unsplash

Estos registros de contratación muestran cómo el gobierno federal está comprando estos datos de ubicación en Venntel. Esta firma, a su vez, compró información e compañías de marketing privadas que venden datos de ubicación de millones de smartphones a anunciantes. La práctica de compra de datos no es en absoluto nueva; el marketing digital usa datos de este estilo para otorgar anuncios personalizados a consumidores cercanos a los productos que se anuncian.

Las divisiones ya mencionadas compraron licencias para usar el software de Venntel como parte de programas analíticos para la seguridad fronteriza, según muestran los registros federales a los que ha tenido el WSJ. Los documentos gubernamentales hacen referencia a datos que se usaron para rastrear túneles a lo largo de la frontera.

Los datos están ligados a seudónimos y no a nombres, implicando que cada smartphone esté representado por un ID de publicidad alfanumérico que no está vinculado al nombre del propietario. Esto se puede configurar en los ajustes, y aunque estos datos sean anónimos, se pueden usar para identificar y rastrear a las personas en función del comportamiento de estos datos.

Un resquicio legal

GPS de iPhone en coche. @samuelfoster_co_uk en Unsplash

Pero, ¿cómo es posible que hagan este proceso de forma tan impune? Los datos de localización son un tipo de información muy protegida ya que revela mucho de nuestro comportamiento e identidad. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este fallo en el caso Carpenter, dónde el Tribunal puso límites a la capacidad de las fuerzas del orden público para obtener estos datos directamente de las compañías de dispositivos móviles sin supervisión judicial.

El gobierno de Trump se ha basado en un resquicio legal. Estos datos están disponibles a través de numerosísimos intercambios de anuncios comerciales, y por ende los funcionarios del gobierno hicieron exactamente lo mismo; comerciar con estos datos. Los abogados del ejecutivo aprobaron los programas y al estar estos datos "al aire" en el mercado, concluyeron que el fallo Carpenter no se aplicaba.

Así lo explica Paul Rosenzweig, un ex-funcionario del DHS miembro del Instituto R Street, característico grupo de expertos de corte conservador. "En este caso, el gobierno es un comprador comercial como cualquier otra persona. Carpenter no es relevante. El gobierno solo está comprando un widget".

Origen | Wall Street Journal

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