La modernización de la administración pública es uno de los grandes avances que hemos tenido en el país en el último siglo. Las posibilidades son inmensas, desde simplemente acceder rápidamente a nuestros datos, a poder presentar una tarjeta sanitaria gracias a la cual es posible acceder a nuestro historial médico y comprar nuestras recetas. Sin embargo, en pleno siglo XXI aún hay indicativos de que nuestro país no se ha acomodado lo suficiente a esta manera de hacer las cosas.

Tal vez sea por la manera fija y estrecha de ejecutar el trabajo de los funcionarios públicos. Tal vez sea por una escasa formación de estos. Es muy posible que también sea porque los sistemas informáticos se adjudican a dedo porque los políticos no tienen ni idea de cómo funcionan y prefieren pasarle el muerto a otro. Es muy probable que sea por todas las razones anteriores, pero el caso es que siguen saliendo noticias que nos sorprenden.

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Por ejemplo, el caso de que el Servicio Andaluz de Salud no cambió unos datos erróneos de una persona porque “el sistema no permite modificar los datos”. Ya sea por ignorancia del SAS, o porque realmente los administradores de sistema configuran las bases de datos para que solo puedan leerse, se pretendía que un ciudadano tuviese asociados datos falsos sin que pudiese hacer nada para evitarlo. Como si estuviésemos en la edad media y lo que estuviese escrito en un papel fuese sagrado porque nadie mas sabe escribir.

Afortunadamente, esa persona no se quedó quieta, y peleó. Ahora los juzgados le dan la razón: sus derechos están por encima de las limitaciones que pueda tener un programa, ya que estos se diseñan pensando en el ciudadano, y no al revés. Merece la pena leer la entrada del abogado David Bravo, donde explica y enlaza la sentencia. Ahora al SAS le queda el trabajo de intentar cambiar los datos o, si finalmente eso no es posible, cambiar el programa. Una muestra de que, cuando se lucha por nuestros derechos, al final logramos un cambio, por pequeño que sea.

Fuente | David Bravo en eldiario.es