Muchas veces es difícil cuantificar el peso de una ley en nuestros gobernantes. La enorme complejidad de los textos legales implica que muchos de ellos son aprobados o rechazados sin ahondar en sus consecuencias, y las votaciones acaban convirtiéndose en un ejercicio de “política de partido” y de “lobbys” que aprovechan el acceso directo a los políticos para influenciarles. En el caso de la última votación de CISPA en el Congreso de los EEUU, tenemos la suerte de contar con una cifra exacta: Cambiar la ley para eliminar nuestra privacidad cuesta 84 millones de dólares.

Seguramente todo el mundo recordará que no es la primera vez que CISPA llega a las cámaras de representantes norteamericanas. La diferencia es que en la anterior ocasión fue rechazada, sobre todo por el voto de miembros del partido demócrata que así evitaron al presidente Obama el mal trago de cumplir su promesa de veto. Las cosas han cambiado este año, concretamente es el dinero el que ha cambiado de manos, procedentes de las compañías y grupos que han resucitado la ley por todos los medios necesarios.

Estas empresas tienen nombre. Verizon, una de las mayores operadoras del país (que a su vez forma parte del gran conglomerado mundial que es Vodafone) es una de ellas, junto con AT&T. No solo las operadoras están dispuestas a distribuir alegremente nuestros datos. Intel y Symantec también han aportado, junto con una Microsoft que se retiró del juego después de un apoyo inicial. Entre todos reunieron una porra de 84 millones de dólares que han ido a parar a buena parte de los representantes norteamericanos. Gracias a esto, CISPA no solo ha obtenido el esperado apoyo de los 196 republicanos, sino que 92 de los équidos han cambiado su voto.

Y de nuevo esto deja a su líder, Obama, con la peliaguda situación de vetar un texto que es muy posible que llegue a la Casa Blanca con el apoyo de las dos grandes cámaras del país. Pero antes, tendrá que pasar por el Senado, y para eso aún quedan unos maletines que llenar.

Fuente | DailyTech