Fundación Iberoamericana Empresarial, Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
América Latina y el Caribe sufren un desastre natural por semana y acumulan más de 360.000 millones en pérdidas
La protección civil es esencial, pero la resiliencia de personas y economías debe reforzarse con esquemas público-privados.
La región necesita invertir hasta 31.000 millones de dólares anuales en infraestructuras resilientes.
América Latina y el Caribe ha registrado un promedio de un desastre natural por semana durante los últimos 50 años, con cerca de 100.000 fallecidos y pérdidas económicas superiores a 360.000 millones de dólares.
Además, cuatro de cada diez personas de la región han sido afectadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales.
La cifra forma parte del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
El documento ha sido presentado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para su análisis en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.
El estudio, elaborado por Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, advierte de que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, con efectos sobre viviendas, cadenas logísticas, ingresos, gasto público y crecimiento económico.
Aunque la región ha avanzado en protección civil, prevención, alerta temprana y evacuación, los autores consideran necesario añadir una “segunda línea de defensa” basada en resiliencia financiera. El objetivo es reducir la brecha de protección aseguradora, que alcanza el 81% en América Latina y el Caribe, y acelerar la recuperación tras una catástrofe.
Para ello, proponen combinar reservas presupuestarias y fondos de contingencia para los eventos más frecuentes con instrumentos de transferencia de riesgo —seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos— para los episodios menos habituales pero de mayor severidad.
Inversión necesaria
El informe estima que la región necesita invertir hasta 31.000 millones de dólares anuales en infraestructuras resilientes frente a inundaciones y huracanes. Además, plantea movilizar otros 15.000 millones de dólares hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.
Los autores subrayan que la protección civil es esencial, pero insuficiente si no se acompaña de esquemas público-privados e instrumentos financieros que eviten que el impacto de una catástrofe se convierta en un lastre persistente para el bienestar, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.
Decálogo de medidas
El documento propone un decálogo para poner en marcha la estrategia iberoamericana. Entre las medidas destacan convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado, reducir la brecha de protección, priorizar los activos y actividades de mayor impacto social y económico, y garantizar pagos rápidos, transparentes y verificables.
También aboga por impulsar alianzas público-privadas con reglas claras, preservar la sostenibilidad de las coberturas, utilizar la innovación tecnológica y financiera para ampliar la protección, vincular el aseguramiento con la prevención y construir capacidades y estándares compartidos entre países.
El informe defiende, por último, un multilateralismo flexible y orientado a resultados, que permita a cada país avanzar según sus necesidades y capacidades, con el objetivo común de ampliar la protección y reducir las consecuencias de los desastres naturales.
