Pedro Sánchez, este miércoles, en un acto de precampaña electoral en Burgos.

Pedro Sánchez, este miércoles, en un acto de precampaña electoral en Burgos. EFE

Observatorio de la Educación

Del Estatuto del Universitario al decreto contra la privada: las 7 normas educativas que Sánchez sacará adelante en precampaña

Desde el pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros ha aprobado cuatro decretos de temas educativos. Han anunciado otros tres.

Más información: El Gobierno permitirá por decreto que las CCAA puedan enseñar asturiano, aragonés y otras lenguas no oficiales

Nicolás Alba
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El Gobierno prevé sacar adelante siete normas educativas por decreto entre la precampaña y la campaña electoral antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Entre los decretos ya aprobados figuran el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, la reducción de ratios en Infantil y Bachillerato, y ayudas para residencias universitarias.

Entre las medidas pendientes destaca un decreto para regular y exigir mayores controles de calidad a la FP privada y 'online', así como requisitos para las universidades privadas.

El Ejecutivo también ultima una norma para permitir especialidades docentes propias destinadas a la enseñanza de lenguas no oficiales con protección legal.

El adelanto electoral anunciado el pasado 5 de octubre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha detenido la maquinaria normativa de Moncloa. Pese a que las Cortes están disueltas, el Consejo de Ministros está recurriendo a la vía del decreto para acelerar su programa educativo antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.

El último anuncio ha ocurrido este mismo jueves cuando la ministra de Educación, Milagros Tolón, explicó desde Andalucía que el Consejo de Ministros aprobará el decreto de garantía de calidad de la FP privada "antes de que termine la legislatura".

O lo que es lo mismo, el Gobierno sacará adelante el conocido como decreto antichiringuitos que impondrá varios requisitos y trabas a la FP privada y ‘online’. Eso sí, desde el Ejecutivo alegan que "es un decreto muy importante para proteger a la FP privada, para que la calidad de la Formación Profesional cada vez sea mayor".

Este se sumaría al conjunto de normas que el Gobierno de Sánchez ha aprobado o va a aprobar desde que se convocaron las elecciones generales hasta el 29-N. Según ha podido contabilizar EL ESPAÑOL, desde aquel 5 de octubre el Ejecutivo ha sacado adelante cuatro decretos y persigue dar luz verde a otros tres.

Es decir, el Gobierno promulgará siete nuevas normas educativas entre la precampaña y la campaña electoral, en el tiempo de descuento de la legislatura. Al no disponer de habilitación para legislar por el cese de las Cámaras, el Gabinete exprime la fórmula del decreto.

Los decretos ya aprobados

Este pasado 20 de octubre, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobó un decreto para reducir las ratios del primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años); en el segundo ciclo (de 3 a 6 años); y en Bachillerato. Anunció que existe "dificultad" para bajar las de Primaria y Secundaria, por lo que es previsible que no se cambien.

Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 855/2026, por el que se establece el Estatuto del Estudiantado Universitario, publicado en el Boletín Oficial del Estado este 22 de octubre.

La norma, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reforma el marco de 2010 para adaptarlo directamente a las directrices de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

El texto legal consagra el derecho formal al paro académico y concede a las asambleas estudiantiles capacidad de fiscalización sobre las guías docentes y la labor del profesorado.

Además, el decreto obliga a los campus a crear unidades de salud mental y prevención del suicidio, añadiendo salvaguardas frente al uso docente de herramientas basadas en inteligencia artificial, según consta en la referencia ministerial de Moncloa.

En esa misma reunión, también se aprobó el Real Decreto 850/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado este jueves a propuesta coordinada de Vivienda y Universidades.

La norma otorga 45 millones de euros en subvenciones directas a siete universidades públicas y al consistorio de Lérida para habilitar 2.000 plazas de residencia a precios tasados.

Pese a todo, la primera medida educativa aprobada en precampaña se adoptó el 14 de octubre, mediante el Real Decreto 829/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 15 de octubre.

El Ministerio de Educación canalizó a través de este decreto una batería de subvenciones directas asignadas a entidades pedagógicas y asistenciales, eludiendo la tramitación parlamentaria.

La norma incluye además una partida económica directa para financiar programas de RTVE como 'Aprendemos en Clan' o 'Yo soy de Formación Profesional'. De esta forma, en sólo siete días laborables el Ejecutivo ha consumado cuatro decretos.

Lo que quieren aprobar

Junto a las normas ya publicadas, el Gobierno planea aprobar tres decretos antes de las elecciones del 29 de noviembre. La más reciente fue anunciada este jueves: el Ejecutivo limitará a la FP privada y la ‘online’.

Así, el departamento de Milagros Tolón quiere limitar drásticamente las matriculaciones virtuales en academias y centros privados de FP, imponiendo porcentajes obligatorios de presencialidad y exigentes ratios de tutorización.

Esta semana, además, también se ha conocido que Educación prepara un decreto para permitir crear especialidades docentes propias para la enseñanza de lenguas no oficiales con protección legal, como el asturiano o bable, el aragonés, el leonés y el gallego-asturiano o eonaviego.

Unos días antes, Sánchez anunció que volverán a sacar un decreto para regular las universidades privadas. Tras anular el Tribunal Supremo el Real Decreto 905/2025 por defectos formales, el Ministerio de Ciencia anunció que aprobará una nueva versión antes del 29 de noviembre para fijar los requisitos y procedimientos para otorgar licencias a los campus privados.

Con estos tres proyectos, Sánchez confía en culminar un paquete de siete normas educativas y universitarias en apenas ocho semanas. Una acelerada actividad normativa que esquiva la fiscalización parlamentaria en busca de réditos electorales antes de que las urnas del 29 de noviembre dicten su veredicto definitivo.