La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, junto a la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, durante la presentación del nuevo decreto.
La FP privada teme que "centros pequeños" desaparezcan con la norma "ideológica" del Gobierno contra el modelo 'online'
La CECE alerta sobre las exigencias de presencialidad, ratios, instalaciones y controles, mientras reclama proteger a quienes llevan años formando alumnos.
Más información: El Gobierno acaba con la FP 'online' en su guerra contra la privada: exige el 15% presencial y 50 alumnos por profesor
El endurecimiento de los requisitos para impartir Formación Profesional privada empieza a generar preocupación en el sector. El proyecto presentado este lunes por el Gobierno obligará a introducir presencialidad en los ciclos virtuales, reducir las ratios y acreditar instalaciones y recursos suficientes.
El temor se concentra especialmente en los centros de menor tamaño. Francisco Ávila Romero, presidente y promotor de la Universidad Tecnológica del Atlántico Mediterráneo (UTAMED) y cofundador del Instituto MEDAC, advierte de que algunos podrían no soportar las nuevas exigencias.
"Las exigencias pueden provocar que algunos centros tengan dificultades para adaptarse, claro, sobre todo los más pequeñitos", sostiene. El problema, explica, llegará con la inversión necesaria para adaptar instalaciones a la nueva presencialidad. "Probablemente algunos tengan que cerrar".
Ávila considera que el planteamiento del Ejecutivo trasciende los criterios estrictamente técnicos. "Me parece una posición más ideológica que otra cosa", asegura a EL ESPAÑOL.
También el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García, ha mostrado su preocupación por el efecto que los nuevos requisitos pueden tener sobre los centros privados más pequeños.
"¿Qué pasa con los centros que, en los años en que nadie hacía caso a la Formación Profesional, han mantenido el sistema para que ahora llegue a donde ha llegado?", se pregunta García.
El Gobierno plantea ahora el nuevo Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional. El texto ha iniciado su periodo de información pública y Educación pretende completar su tramitación antes de finalizar el año.
Más presencialidad
Uno de los principales cambios llegará a la formación virtual. Los ciclos deberán incorporar entre un 15% y un 39% de actividad lectiva presencial, al margen de la formación que los estudiantes realizan en empresas.
En la modalidad semipresencial, entre el 40% y el 60% de la actividad lectiva tendrá que desarrollarse físicamente. El porcentaje concreto dependerá de las características y necesidades prácticas de cada familia profesional.
Ávila cuestiona especialmente las consecuencias que puede tener esta obligación para quienes recurren a la enseñanza virtual precisamente porque no pueden asistir de forma regular a un centro.
Menciona a la gente que vive alejada de las capitales de provincia, trabajan o tienen a familiares a su cargo. "Es que hay muchas personas que no pueden estudiar de otra manera", advierte.
A su juicio, imponer esa presencialidad puede limitar su acceso a estos estudios. "A mí me parece un decreto absolutamente insensible y que no está pensando en los ciudadanos".
No rechaza, sin embargo, todas las nuevas exigencias. Ávila considera razonable que, si existe una parte presencial, los centros dispongan de lugares adecuados para impartirla. "Lo de las instalaciones tiene sentido", reconoce.
Es precisamente el coste de conseguir o adaptar esos espacios el que puede convertirse, según señala, en una barrera para los operadores más pequeños.
García, según La Razón, coincide en señalar las instalaciones como uno de los elementos que pueden generar mayores dificultades para centros que llevan tiempo funcionando y cuyos espacios actuales tienen una capacidad limitada para ampliarse.
Menos alumnos
El decreto reducirá también progresivamente el número máximo de estudiantes que podrá atender cada profesor en modalidad virtual. El límite será de 80 alumnos por docente en 2028-2029 y acabará situándose en 50 en el curso 2030-2031.
Ávila rechaza especialmente esta medida. "Lo del ratio, nosotros no lo entendemos, es un absurdo", afirma.
Considera que el número de alumnos no debería analizarse de forma aislada y plantea que un profesor acompañado por docentes de apoyo puede trabajar con grupos mayores.
"No sé dónde está el estudio que ampare que eso sea mejor", sostiene sobre el nuevo límite. "Me parece un brindis al sol con poca reflexión y poco análisis detrás".
El Ministerio, por su parte, defiende que el objetivo de la norma es reforzar la calidad de estas enseñanzas y establecer condiciones básicas comunes para todos los centros privados.
Nuevas condiciones
La regulación exigirá también que los centros acrediten recursos, instalaciones y sistemas de gestión suficientes. Además, deberán demostrar una relación estable con empresas u organismos donde los alumnos puedan realizar la parte práctica de su formación.
La oferta tampoco podrá reducirse a ciclos sin conexión entre sí. Los centros podrán organizar itinerarios verticales dentro de una misma familia profesional o combinar enseñanzas de diferentes familias relacionadas.
El cumplimiento de estas condiciones será revisado periódicamente. Cada cuatro años, los centros tendrán que acreditar que mantienen los requisitos por los que fueron autorizados. La Administración podrá retirar el permiso si dejan de cumplirlos.
En caso de cierre o pérdida de autorización, las comunidades autónomas deberán garantizar que los estudiantes ya matriculados puedan terminar su formación.
"Chiringuitos"
Tolón rechaza que el proyecto constituya una ofensiva general contra el sector privado. "Este proyecto no va contra la FP privada", defendió este lunes, y aseguró que pretende reforzar la calidad.
La ministra sí cuestionó a determinados operadores que, según el Ejecutivo, han entrado en el mercado sin ofrecer suficientes garantías. Preguntada por los denominados "chiringuitos" de FP, no identificó centros concretos.
Ávila rechaza esa terminología. "Serán chiringuitos los centros que no cumplan los criterios de calidad que exige el Ministerio. Si los cumple, no sé por qué le llaman chiringuitos".
Para el presidente de UTAMED, que un centro pequeño no disponga ahora de capacidad económica para ampliar sus instalaciones no implica que hasta este momento haya ofrecido una formación deficiente.
"La palabra chiringuito está en boca de todos y me parece horrible y demasiado beligerante", critica.
![Una clase universitaria, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11363061.jpg?p=w:320\/h:240&h=jTJ4_69h"])
Ávila sostiene además que el debate sobre la calidad debería centrarse en otros indicadores. Defiende una mayor adaptación de los contenidos a las necesidades del mercado laboral, revisiones periódicas de los programas y formación continua para los docentes.
"Esa es calidad. Lo que la norma está enfatizando no tiene nada que ver con la calidad", afirma.
El debate llega en un momento de crecimiento récord de estas enseñanzas. El curso 2026-2027 ha comenzado con 1.248.046 estudiantes matriculados en FP, un 3,1% más que el anterior.
Mientras Educación defiende que la nueva normativa elevará las garantías del sistema, parte del sector privado alerta de que algunas de sus exigencias pueden terminar golpeando especialmente a los centros pequeños y a los alumnos que dependen de la formación a distancia.
