El comandante general de Ceuta (COMGECEU), el general de división Luis Fernández Herrero, se puso el 30 de julio a disposición del Gobierno y de las autoridades civiles, tras ensayar días "un plan de contingencia" para defender Ceuta días antes de la entrada masiva de casi 100.000 migrantes del 30 y 31 de julio.

Sin embargo, pese a que las Fuerzas Armadas contemplaban un escenario de estas características y había unidades preparadas para responder, el Gobierno no activó dicho dispositivo. Así lo ha revelado la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, en "Espejo Público", tras participar la semana pasada en el IV Foro Económico de Ceuta.

El teniente general retirado Juan Montenegro es aún más crítico y asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL que "no se ha aplicado ningún plan de contingencia porque no se ha hecho nada de nada, ni se ha adoptado ninguna decisión".

El papel de las Fuerzas Armadas, pese a salir a la calle -incluso con vehículos blindados-, ha sido limitado. Su actuación se ha reducido a tareas de disuasión y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Montenegro conoce bien Ceuta: pasó buena parte de su infancia en la ciudad autónoma. A lo largo de su carrera militar fue general de división y jefe del Estado Mayor del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), con sede en Valencia, un puesto desde el que, recuerda, asumió responsabilidades vinculadas a los planes de defensa de Ceuta y Melilla. “Todos estos planes de contingencia son secretos”, explica.

"A los militares nos encanta planear y hacemos planes para todo", afirma. "Estos planes y simulacros no se limitan al “planeamiento” de enfrentamientos convencionales, con tanques, aviones o fragatas, sino que también contemplan amenazas propias de la denominada zona gris, situada entre la paz y el conflicto armado".

En el caso de Ceuta, Montenegro considera que Marruecos ha recurrido a la población civil como instrumento de presión. En referencia a la entrada masiva de migrantes, decenas de miles de migrantes ilegales utilizados como "misiles humanos".

Planes que contemplan amenazas híbridas

Fuentes militares consultadas por EL ESPAÑOL explican que los planes de contingencia, coordinados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), contemplan escenarios de presión que no se limitan a un ataque convencional con carros de combate, artillería o una agresión militar directa.

También incluyen acciones asimétricas, como la entrada masiva de población civil, que puede utilizarse para ejercer presión territorial sin cruzar inicialmente el umbral de un enfrentamiento armado abierto.

Según estas fuentes, los ejercicios para poner en práctica los planes de defensa de la ciudad “se desarrollan periódicamente para comprobar que los efectivos conocen sus cometidos y saben cómo actuar ante una crisis”.

Incorporan, además, las lecciones aprendidas en episodios como la crisis de 2021, cuando el Ejército desplegó “un arco de seguridad, una barrera” para “impedir que los inmigrantes se dispersaran por la ciudad y fueran devueltos en frontera (en caliente), todos menos los denominados MENAS (menores no acompañados)”. Y eso no ha ocurrido ahora.

Los citados planes de contingencia “buscan que todos los efectivos sepan exactamente lo que hacer en una situación de crisis”, explican.

Las unidades de la Comandancia ensayan sus responsabilidades ante distintos escenarios de crisis “tres o cuatro veces al año”, siguiendo las pautas del Plan Anual de Preparación del Mando de Canarias, del que dependen jerárquicamente.

En 2025, el ejercicio "Sinergia 25", desplegó 1.000 militares del Mando Operativo Terrestre (MOT) en territorio extra peninsular "para asegurar la unidad de esfuerzos y garantizar la protección más oportuna y eficaz de la población y el territorio".

El objetivo es que cada militar conozca con precisión su misión y el lugar al que debe dirigirse en caso de activación del dispositivo. "Cada militar debe conocer perfectamente su misión, incluso si llegara el caso, hasta su lugar y 'piedra' en la que desplegar", señalan.

Los planes de defensa contemplan, además, "amenazas multidominio propias de los conflictos híbridos, como los ciberataques, los posibles sabotajes contra infraestructuras críticas y el empleo de la población civil como herramienta de presión geopolítica", afirma el teniente general Montenegro.

Sin embargo, la existencia de estos planes y la preparación de las unidades no implica que las Fuerzas Armadas puedan intervenir por iniciativa propia. Las mismas fuentes recuerdan a EL ESPAÑOL que "no existe marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan actuar unilateralmente en una situación como la acontecida".

Según su versión, "los militares estaban activados y preparados para salir, y se pusieron a disposición de la autoridad civil competente, la delegación del gobierno y la Policía y la Guardia Civil, dependientes del Ministerio del Interior, no les activó".

Estos ejercicios no son exclusivos de Ceuta: también se realizan en los despliegues militares en el exterior y en el marco de la OTAN, donde permiten actualizar los procedimientos y detectar fallos de planificación o coordinación.

Militares de Ceuta desmoralizados

El teniente general Montenegro cuestiona que los ejercicios de preparación no se traduzcan en una respuesta efectiva cuando se produce una crisis real.

“Lo que más desmoraliza a los militares es que, haciendo veinte mil ejercicios y simulacros, cuando llega la hora de la verdad no se llevan a la práctica”, sostiene Montenegro. Y añade: “Los ejercicios cuestan dinero a todos los contribuyentes". Y por eso, subraya "al menos hay que aplicarlos”.

A su juicio, la decisión corresponde a la autoridad política. "El delegado del Gobierno, por orden del Gobierno, ni les activó ni activó los refuerzos de Policía y Guardia Civil. No activó nada porque no se ha respondido a esta agresión", asegura.

Otras fuentes militares consultadas por este medio confirman que existe “frustración entre los militares y los mandos de Ceuta” por “no haber podido aplicar todos los conocimientos adquiridos en esta crisis”.

Además, como pudo comprobar EL ESPAÑOL durante el IV Foro Económico de Ceuta, “se sienten mal por no poder dar respuesta a sus vecinos frente a la invasión y haber actuado, al menos como en 2021”.

Para Montenegro, la cuestión fundamental es la voluntad del Ejecutivo de emplear los mecanismos de respuesta previstos. "Lo que necesitamos es la voluntad del mando político, del Gobierno, de aplicarlos".

"Tenemos que colocarnos en una situación de firmeza, de fuerza militar, económica y diplomática —con el apoyo de la Unión Europea si lo tuviésemos—, de tal forma que Marruecos se lo piense dos veces", sostiene.

El precedente de mayo de 2021

La cuestión de los límites legales de la respuesta vuelve a remitir a la crisis fronteriza de mayo de 2021. En aquella ocasión, unos 8.000 migrantes entraron en Ceuta en apenas dos días, entre el 17 y el 18 de mayo.

La respuesta de las Fuerzas Armadas acuarteladas en Ceuta "fue entonces mucho más rápida que la descrita en los sucesos de finales de julio de 2026", cuando las entradas habrían superado las 96.000 personas.

Se movilizaron unidades de La Legión y de Regulares, que se desplegaron con vehículos BMR —Blindado Medio sobre Ruedas—, mientras el resto de efectivos destinados en la ciudad permanecía listo para intervenir. Se impidió inmigrantes se dispersaran por la ciudad. Aquella reacción permitió reforzar la frontera y recuperar, de forma progresiva, el control de la situación.

“En aquella ocasión el dispositivo funcionó”, y no comprenden por qué no se aplicarlo ahora.

Las fuentes militares consultadas por este medio son tajantes: la lógica defensiva no admite ambigüedad. Las unidades asentadas permanentemente en Ceuta son la primera línea de respuesta, y allí hay cerca de 3.000 militares desplegados de forma permanente.

La comparación entre ambas crisis, las de 2021 y la actual deja preguntas incómodas: ¿estaba preparado el Estado? ¿Dispuso de capacidad real para responder a una amenaza híbrida? Y, sobre todo, ¿tuvo la voluntad política de resolverla?

Si Defensa había previsto un escenario como el de finales de julio, había realizado ejercicios para ensayar la respuesta y contaba con unidades preparadas, por qué no se activaron los mecanismos previstos.

Por ello, Sánchez de Lara ha pedido a "las autoridades y los juzgados que lo reclamen porque esto ha pasado y necesitamos enterarnos y no podemos permitir que se nos esté ocultando".

Este mismo lunes, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta ocurrida a finales de julio, ha citado como testigos a tres consejeros de la ciudad autónoma, que comparecerán el próximo 27 de octubre.

Tardón también ha pedido al CIFAS (el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) un informe sobre Marruecos, país sobre el que se cierne la sospecha de haber permitido la entrada, desde su territorio al español, de las decenas de miles de inmigrantes ilegales que penetraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.