Con el balance provisional de casi 2.400 detenidos y cerca de mil agentes heridos en las calles, Emmanuel Macron dio este domingo un golpe de autoridad institucional tras el fin de semana más negro de su mandato.
En una solemne alocución televisada a la nación, el presidente francés atribuyó directamente a "grupúsculos de extrema izquierda" y facciones radicales la autoría de una ola de altercados que, a su juicio, pretendía subvertir el orden constitucional: "Quienes han destruido y quienes han intentado hacer caer a la República tienen que pagar por ello", advirtió.
El mensaje del jefe del Estado trata de contener las réplicas de una sacudida social que comenzó como una protesta contra la carestía de la vida impulsada por liceístas y 'chalecos amarillos', pero que degeneró rápidamente en violencia urbana.
La irrupción coordinada de black blocs y bandas de casseurs convirtió zonas emblemáticas de París y puntos clave de ciudades como Marsella, Lyon o Limoges —donde su histórico ayuntamiento resultó gravemente dañado por las llamas— en un escenario de saqueos e incendios.
Las pérdidas económicas en el comercio, con más de 1.500 establecimientos vandalizados, se cuentan ya por cientos de millones de euros.
Prohibición de concentraciones
Ante la gravedad del escenario, Macron anunció la activación de un gabinete de crisis encabezado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, y otorgó competencias extraordinarias a las autoridades provinciales para atajar nuevos desbordamientos.
"Los prefectos tomarán decisiones junto a los alcaldes para proteger nuestras ciudades, edificios públicos y comercios, llegando, cuando sea necesario, a prohibir reuniones y tomando todas las acciones necesarias".
Reunión interministerial de crisis presidida por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.
Un escudo de contención que el mandatario acompañó de un mensaje de apoyo al sector comercial sumido en la incertidumbre y un compromiso de transparencia sobre el despliegue policial.
El presidente buscó desvincular el malestar social legítimo de los episodios delictivos, reconociendo la necesidad de «sentarse a la mesa» con la juventud y los sindicatos, pero manteniendo un tono implacable frente al vandalismo: "Hoy todos sentimos enfado y vergüenza [...] El país necesita orden, no escalada".
Fuego cruzado en la oposición
La apelación presidencial a una condena "sin ambigüedad" de la violencia no ha logrado frenar las embestidas de la oposición a seis meses de los comicios presidenciales.
Desde la extrema derecha, Jordan Bardella (Agrupación Nacional) calificó de "lamentable" la intervención y tachó al Ejecutivo de "poder cobarde desorientado", en la misma línea que Marine Le Pen, quien tildó a Macron de "presidente sin autoridad ni contacto con la realidad".
Desde la izquierda radical, Manuel Bompard (La Francia Insumisa) criticó que el jefe del Estado hablara "para no decir nada" en lugar de responder a la crisis económica.
Mientras tanto, la tensión continuaba este mismo domingo en enclave tan simbólicos como la plaza de la República de París, confirmando que la crisis política y social francesa entra en su fase más crítica.
El origen de las protestas
El estallido social que ha terminado por acorralar al Gobierno no surgió de forma espontánea, sino de un malestar acumulado por el continuo encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo.
Lo que comenzó como un llamamiento de los estudiantes de instituto (liceístas) en defensa de su futuro económico pronto sumó el respaldo de los resucitados 'chalecos amarillos', agrupaciones sindicales como la CGT y partidos de la izquierda radical como La Francia Insumisa (LFI), liderada por Jean-Luc Mélenchon.
La Estatua de la República, con un chaleco amarillo, tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios.
Bajo la consigna unificadora de combatir la inflación y la carestía, las organizaciones buscaban materializar una "convergencia de luchas" que devolviera la presión social a la calle a seis meses de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, ese frente común pacífico que logró movilizar a cientos de miles de ciudadanos en las principales ciudades del país duró poco.
La convocatoria fue rápidamente instrumentalizada y desbordada por colectivos anarquistas de la ultraizquierda (black blocs) y bandas de casseurs desvinculadas de las peticiones iniciales.
La legítima protesta contra el precio de los suministros y la falta de oportunidades para la juventud mutó en un escenario de guerrilla urbana, desplazando el debate económico a un segundo plano para dar paso al caos, los saqueos masivos y los enfrentamientos directos contra las fuerzas de seguridad.